Un centenar de personas se concentraron ayer al mediodía ante el Palacio de Justicia de Barakaldo, a convocatoria del colectivo SOS Bebés Robados, para criticar que el Juzgado de Instrucción número 4 de esta localidad haya archivado varias denuncias por sustracción de recién nacidos, al estimar que los delitos han prescrito.

Detrás de una pancarta con el lema ``Nuestros hijos viven, nuestros casos no prescriben'', los manifestantes, en su mayoría mujeres, preguntaron por el paradero de hijos e hijas que los sanitarios de la época dijeron que habían nacidos muertos y que supuestamente fueron dados a otras familias a cambio de dinero. A lo largo de la movilización, no cesaron de corear consignas como «Niños robados, madres engañadas'', ``Queremos justicia'', ``No hay derecho lo que nos han hecho'', ``Queremos que devuelvan los niños a sus padres'', ``Señores jueces revisen los casos de los niños robados'' y ``Jueces y fiscales mojaros ya''.

María Galán, una de las afectadas, relató a GARA que dio a luz a una niña el 3 de octubre de 1965 en el Hospital de Cruces, «en un parto fácil que duró una hora». «Al poco tiempo -rememora-, una enfermera empezó a decir que la criatura no tenía pulso, que había que ponerle oxígeno. Luego, me sacaron del paritorio y me dijeron que había muerto, que no me preocupara de nada. Yo insistí, porque tenía una póliza de decesos de Santa Lucía y pensaba que me tenía que hacer cargo del cuerpo. Me dijeron que no era necesario, que era un feto y el hospital se hacía cargo de él, según nos explicó una comadrona, que habló de aborto».

Al salir, le informó a su marido y se fueron a su casa. «Nadie nos dio ninguna explicación», añade. A los dos o tres años, tras una caída, Galán tuvo un aborto. Como había pasado antes, una vez fue atendida, se marchó de nuevo a su domicilio.

«Poco después, nos llamaron de Cruces diciendo que nos teníamos que hacer cargo del cadáver del feto. Fue entonces -precisa la afectada- cuando descubrimos que nos habían robado a la niña. Eran otros tiempos, en pleno franquismo, y no era fácil protestar y menos con un asunto de esta índole».

Cansada de atender a varios medios de comunicación, María Galán cede la palabra a su nuera, Marimar Arce, que manifiesta que el archivo de la denuncia «ha sido cómo si nos hubiesen vuelto a robar a la criatura. Volver a pasar un mal rato». Arce estima que la decisión de la jueza no está justificada, «ya que se despacha citando un artículo, sin tener en cuenta que, aunque han pasado 45 años, queremos seguir sabiendo qué fue de aquella niña».

Ahora, esta familia prepara la apelación y para ello han solicitado a la Fiscalía de Bilbo que actúe, «porque fue allí donde presentamos la denuncia y porque el mismísimo fiscal general del Estado nos ha dado la razón diciendo que estos casos de robo de bebés no prescriben». Su única vía es que el Gobierno español actúe de oficio, ya que las modestas economías familiares no se lo permite.