El Gobierno de Gasteiz da el paso para la bancarización de las cajas
El Proyecto de Ley de Cajas de Ahorro de Euskadi obtuvo el visto bueno del Consejo de Gobierno de Gasteiz. Se remitirá al Parlamento y se espera que esté aprobado en noviembre. El texto sigue las directrices del Gobierno español y da un paso importante para permitir que las cajas vascas se transformen en un banco privado, al margen del carácter social que deberían impulsar las cajas de ahorro.
Juanjo BASTERRA |
El Consejo de Gobierno de Patxi López aprobó ayer el Proyecto de Ley de Cajas de Ahorros de Euskadi. Sigue las directrices marcadas por el Gobierno español en cuanto a impulsar la bancarización, lo que las llevará a su privatización, y modifica la composición de las asambleas para «restar poder» a la representación política, que del 50% pasa al 40%, y «avanzar hacia una mayor profesionalización de la actividad gestora».
La nueva legislación está desarrollada para permitir la transformación de BBK, Vital y Kutxa en un banco, Kutxa Bank, y, de hecho, el proyecto de ley se ha adecuado a ese nuevo escenario, puesto que el anteproyecto se presentó días antes de que los tres presidentes de las entidades anunciasen en marzo la vía de la bancarización. Ese hecho obligó al Ejecutivo de Patxi López a modificar en sus principales puntos el texto inicial, salvo en la composición de la asamblea.
Alineado con Madrid
Carlos Aguirre, consejero de Economía y Hacienda, justificó esa alineación con los intereses fijados por el Gobierno de Madrid, aunque no explicó las razones por las que Kutxa Bank, en este caso, tenga que competir directamente con BBVA o el Banco Santander en el ámbito vasco, si las tres cajas, BBK, Kutxa y Vital mantienen una cuota, solidez y rentabilidad importantes en cada uno de sus territorios. Sí admitió, sin embargo, que las cajas podrían recurrir al capital privado por la vía ya dispuesta de las cuotas participativas en la Ley de Cajas actual, pero, a su juicio, «es mejor la bancarización, porque las cuotas participativas son poco operativas».
Como explicó Aguirre tras el Consejo de Gobierno, en los artículos 12 y 13 se determinan con cierta nitidez la transformación de las cajas; el primero permite el proceso de transformación directo en un banco privado «al que se aportará todo su negocio financiero, y se podrán aportar todos o parte de sus activos no financieros adscritos al mismo»; y, el segundo de esos artículos, permite que las cajas participen en un sistema institucional de protección (SIP) para lo que deben cumplir con «los coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros», aunque se llega al final a una entidad privada, que también es un banco.
Esta segunda vía tiene más controles; de ahí que los tres presidentes de las cajas vascas, Mario Fernández, Xabier Iturbe y Carlos Zapatero, hayan optado por la primera: la creación de un banco directamente, que estará controlado por un consejo de administración, la junta de accionistas y la comisión de control, según el proyecto de ley aprobado ayer por el Gobierno de Patxi López. En este caso, las cajas pasan a convertirse en fundaciones de carácter privado y cuya función es controlar y distribuir la Obra Social que, por los fundamentos legales, se verá disminuida.
Otra variante que aporta la nueva legislación se encuentra en la composición de la asamblea general. Las entidades fundadoras contarán con un 12%; los impositores, un 47%; los empleados, un 7%; las corporaciones municipales, un 17%; y las entidades representativas de intereses colectivos, un 6%.
Ese porcentaje se divide en un 1% para los representantes sindicales del CES, otro 1% a Confebask, otro 1% a las Cámaras de Comercio, otro 1% a asociaciones de consumidores y un 2% al sector social. Para la CAV, será un 5% de representación y un 6% para cada territorio. La nueva legislación da mucha importancia a los consejeros de las oficinas bancarias de la expansión, lo que rompe con el anterior equilibrio existente.
Carlos Aguirre manifestó ayer que el proyecto de ley pasará al Parlamento y se espera que se apruebe hacia el mes de noviembre. Una vez que se dé ese paso, las cajas de ahorros de la CAV tienen dos meses para modificar los estatutos y el Ejecutivo de Gasteiz tiene otro mes para aprobar esos cambios de cada caja. Y, por último, existe otro plazo de dos meses para aprobar el proceso electoral de renovación de las asambleas y los órganos de gobierno.
En principio, la legislación que se trasmite al Parlamento de Gasteiz no fija ningún tipo de blindaje, como al parecer han fijado ya los tres presidentes de BBK, Vital y Kutxa para sus máximos representantes. El consejero de Economía y Hacienda recordó ayer que la primera renovación que se realice será íntegra, de todos los miembros, y después se renovará la mitad de los compromisarios y órganos de control.
Fuentes del Gobierno de Lakua admitieron ayer que esta configuración podría cambiar en la tramitación parlamentaria, para evitar que Bildu entre con una alta representación en las nuevas entidades que ampararán al banco privado Kutxa Bank.
El presidente del BBB del PNV, Andoni Ortuzar, en declaraciones en ETB, calificó el proyecto de ley como «pucherazo» porque «lo que no consiguen vía impositores o vía representación institucional» se logra en el Parlamento de Gasteiz, que además «no responde al mapa sociopolítico vasco en plenitud».
El consejero Carlos Aguirre señaló que esa crítica del PNV es «una barbaridad estratosférica». J. BASTERRA
En la composición de las asambleas se da entrada a entidades representativas que tendrán un 6%. En este caso, los empresarios lograrán un 2% (Cámara de Comercio y Confebask) frente al 1% de los sindicatos.
