Los tres interlocutores designados por el Acuerdo de Gernika para entablar contacto con el Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK) -Maider Carrere, Ainhoa Etxaide y Oskar Matute- comparecieron ayer en Bilbo para denunciar las dificultades que les están planteando los gobiernos español y francés para desarrollar su tarea. La secretaria general de LAB y el portavoz de Alternatiba, en euskara y castellano, respectivamente, explicaron que aún no han recibido contestación de Madrid y París a la petición cursada en febrero y marzo para que autorizasen una comunicación con los representantes de los prisioneros.

A pesar de los obstáculos, en palabras de Etxaide y Matute, el Acuerdo de Gernika se reafirma en su decisión de mantener la relación con el EPPK, más aún cuando fueron los propios presos quienes se dirigieron a ellos con el fin de entablar relaciones con el objetivo de participar así en el proceso político abierto en Euskal Herria.

«La participación e implicación directa del EPPK es imprescindible en el proceso de resolución de un conflicto, cuya existencia les ha llevado a su condición de presos y presas», precisaron.

Ante la negativa de Mercedes Gallizo, directora de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, a recibirles y a facilitarles las comunicaciones requeridas, el Acuerdo ha optado por enviar una misiva a los interlocutores del Colectivo.

Los agentes políticos, sociales y sindicales que se agrupan en esta iniciativa exigen el cese de la política penitenciaria vigente, «diseñada -subrayaron Etxaide y Matute- contra los derechos de los y las presas políticas, planteada desde una política de confrontación y basada en una serie de leyes diseñadas desde parámetros claramente políticos y de castigo».

Por ello, solicitan el fin de la dispersión y el agrupamiento de los prisioneros, la excarcelación de los que padezcan enfermedades graves; la derogación de la cadena perpetua y el fin de la doctrina 197/2006, «que alarga la condena a aquellas personas que deberían ser excarceladas»; la concesión de libertades condicionales a los que cumplan los requisitos legales y la aplicación «sin restricciones ni arbitrariedades de todos los beneficios penitenciarios legalmente establecidos».

Insistieron en la pronta aplicación de esas medidas, como primer paso en el camino hacia la amnistía. «Un camino -puntualizaron- que conduzca a la total ausencia de presos y exiliados políticos, en el necesario marco de la resolución democrática del conflicto político que padece Euskal Herria». En este punto, los portavoces del Acuerdo incidieron en que estas medidas han de aplicarse «sin exigencia, condición ni contra- partida alguna».

Pero no se quedó ahí la denuncia por la actitud obstruccionista de la institución que dirige Mercedes Gallizo, referida a la relación del EPPK con el Acuerdo de Gernika, ya que Etxaide y Matute dijeron tener constancia de que «se están utilizando malintencionadamente» los puntos que recoge en el documento. «En los últimos meses, de manera personalizada y por medio de funcionarios destinados para ello, se están dirigiendo a las presas y presos políticos vascos, con la intención de convertir el Acuerdo de Gernika, en una herramienta para dividir y debilitar al EPPK», desvelaron.

Buscan réditos políticos

El objetivo de dicha utilización, añadieron, es la obtención de réditos políticos por parte del Ejecutivo español. Así, quisieron dejar claro que la aplicación de las medidas que plantean y de los beneficios penitenciarios no debe ser contrapartida ni exigencia de nada a cambio. «Les exigimos que dejen de utilizar el contenido del Acuerdo de Gernika para debilitar al EPPK. Una utilización e interpretación -apuntaron los portavoces- que va diametralmente en contra de la razón de ser y el objetivo que perseguimos los firmantes de dicho acuerdo».

Ello les llevó a insistir en su exigencia al Gobierno español para que les dejen de utilizar como «una herramienta más de su política de chantaje para con las presas y los presos». A continuación, a preguntas de los periodistas, Oskar Matute resaltó que el Acuerdo «es una vía de encuentro para todos los ciudadanos de este país para generar un escenario de paz y soluciones democráticas, y no una herramienta de confrontación ni para usarla en función de intereses políticos ajenos».

Asimismo, acusó a PP y PSE de emplearlo para intentar generar «situaciones de tensión dentro del EPPK en función de quiénes lo avalen o quiénes no, o quiénes decidan salir del Colectivo o no salir». «Se está haciendo una aplicación arbitraria de la ley y se juega con los beneficios penitenciarios -alertó el representante de Alternatiba- para debilitar al Colectivo o desligarles del Colectivo de Presos Políticos vascos. Si los beneficios se dan, tienen que darse para todos».