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PRESOS POLÍTICOS VASCOS
El Acuerdo de Gernika denuncia su uso como herramienta de chantaje
Los interlocutores designados por el Acuerdo de Gernika para entablar contactos con el Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK) exigieron ayer al Gobierno español que deje de «utilizar el contenido del acuerdo» como «una herramienta más de su política de chantaje» hacia los prisioneros. Oskar Matute destacó que esta estrategia, acompañada de una obstrucción sistemática de los contactos entre las partes, intenta generar «situaciones de tensión» en el EPPK.
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Agustín GOIKOETXEA | BILBO
Los tres interlocutores designados por el Acuerdo de Gernika para entablar contacto con el Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK) -Maider Carrere, Ainhoa Etxaide y Oskar Matute- comparecieron ayer en Bilbo para denunciar las dificultades que les están planteando los gobiernos español y francés para desarrollar su tarea. La secretaria general de LAB y el portavoz de Alternatiba, en euskara y castellano, respectivamente, explicaron que aún no han recibido contestación de Madrid y París a la petición cursada en febrero y marzo para que autorizasen una comunicación con los representantes de los prisioneros.
A pesar de los obstáculos, en palabras de Etxaide y Matute, el Acuerdo de Gernika se reafirma en su decisión de mantener la relación con el EPPK, más aún cuando fueron los propios presos quienes se dirigieron a ellos con el fin de entablar relaciones con el objetivo de participar así en el proceso político abierto en Euskal Herria.
«La participación e implicación directa del EPPK es imprescindible en el proceso de resolución de un conflicto, cuya existencia les ha llevado a su condición de presos y presas», precisaron.
Ante la negativa de Mercedes Gallizo, directora de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, a recibirles y a facilitarles las comunicaciones requeridas, el Acuerdo ha optado por enviar una misiva a los interlocutores del Colectivo.
Los agentes políticos, sociales y sindicales que se agrupan en esta iniciativa exigen el cese de la política penitenciaria vigente, «diseñada -subrayaron Etxaide y Matute- contra los derechos de los y las presas políticas, planteada desde una política de confrontación y basada en una serie de leyes diseñadas desde parámetros claramente políticos y de castigo».
Por ello, solicitan el fin de la dispersión y el agrupamiento de los prisioneros, la excarcelación de los que padezcan enfermedades graves; la derogación de la cadena perpetua y el fin de la doctrina 197/2006, «que alarga la condena a aquellas personas que deberían ser excarceladas»; la concesión de libertades condicionales a los que cumplan los requisitos legales y la aplicación «sin restricciones ni arbitrariedades de todos los beneficios penitenciarios legalmente establecidos».
Insistieron en la pronta aplicación de esas medidas, como primer paso en el camino hacia la amnistía. «Un camino -puntualizaron- que conduzca a la total ausencia de presos y exiliados políticos, en el necesario marco de la resolución democrática del conflicto político que padece Euskal Herria». En este punto, los portavoces del Acuerdo incidieron en que estas medidas han de aplicarse «sin exigencia, condición ni contra- partida alguna».
Pero no se quedó ahí la denuncia por la actitud obstruccionista de la institución que dirige Mercedes Gallizo, referida a la relación del EPPK con el Acuerdo de Gernika, ya que Etxaide y Matute dijeron tener constancia de que «se están utilizando malintencionadamente» los puntos que recoge en el documento. «En los últimos meses, de manera personalizada y por medio de funcionarios destinados para ello, se están dirigiendo a las presas y presos políticos vascos, con la intención de convertir el Acuerdo de Gernika, en una herramienta para dividir y debilitar al EPPK», desvelaron.
Buscan réditos políticos
El objetivo de dicha utilización, añadieron, es la obtención de réditos políticos por parte del Ejecutivo español. Así, quisieron dejar claro que la aplicación de las medidas que plantean y de los beneficios penitenciarios no debe ser contrapartida ni exigencia de nada a cambio. «Les exigimos que dejen de utilizar el contenido del Acuerdo de Gernika para debilitar al EPPK. Una utilización e interpretación -apuntaron los portavoces- que va diametralmente en contra de la razón de ser y el objetivo que perseguimos los firmantes de dicho acuerdo».
Ello les llevó a insistir en su exigencia al Gobierno español para que les dejen de utilizar como «una herramienta más de su política de chantaje para con las presas y los presos». A continuación, a preguntas de los periodistas, Oskar Matute resaltó que el Acuerdo «es una vía de encuentro para todos los ciudadanos de este país para generar un escenario de paz y soluciones democráticas, y no una herramienta de confrontación ni para usarla en función de intereses políticos ajenos».
Asimismo, acusó a PP y PSE de emplearlo para intentar generar «situaciones de tensión dentro del EPPK en función de quiénes lo avalen o quiénes no, o quiénes decidan salir del Colectivo o no salir». «Se está haciendo una aplicación arbitraria de la ley y se juega con los beneficios penitenciarios -alertó el representante de Alternatiba- para debilitar al Colectivo o desligarles del Colectivo de Presos Políticos vascos. Si los beneficios se dan, tienen que darse para todos».
Presos políticos vascos son, a juicio de Jaiki Hadi y Etxerat, los que sufren graves enfermedades, por lo que estiman que se hace necesario su liberación «inmediata» para tratar de que reciban cuidados médicos paliativos.
Jaiki Hadi estima que la actuación de los servicios médicos de la cárcel de Soto del Real están vulnerando los derechos a la salud de Txus Martín: «no han respetado el código deontológico y están desasistiendo completamente a un enfermo grave».
Txus Martín e Ibon Iparragirre se encuentran en la lista de presos vascos con enfermedades graves realizada recientemente después de valorar el estado de salud de todos los prisioneros sobre los que tienen información.
Representantes de Jaiki Hadi y Etxerat ofrecieron ayer una rueda de prensa en Bilbo para advertir del delicado estado de salud de los presos políticos vascos Txus Martín e Ibon Iparragirre, que pone en peligro hasta sus propias vidas. Para ambos reclamaron su puesta en libertad inmediata por las graves enfermedades que sufren.
La sicóloga Nagore López de Luzuriaga y el médico Xabier Onaindia, componentes del colectivo Jaiki Hadi que se centra en ofrecer asistencia a los prisioneros vascos, explicaron que la situación del ondarroarra Ibon Iparragirre, que padece Sida desde hace más de 20 años, ha empeorado tras su ingreso en prisión, ya que la dirección no admite ningún tipo de tratamiento alternativo en base a fruta y otros complementos naturales que le puedan ayudar a recuperar energía. Con estas dietas, ha sido capaz durante dos décadas de hacer frente a las consecuencias de la inmunodeficiencia.
«Tiene las defensas en niveles mínimos, actualmente -advirtieron- no tiene fuerza para realizar las tareas cotidianas más mínima». Además, su estado le ha provocado varios síntomas sicológicos graves, alertaron desde Jaiki Hadi.
El 17 de junio tenía consulta en el Hospital Donostia para efectuarle un examen completo, para el que el juzgado no puso ningún tipo de impedimento, pero la dirección de Navalcarnero no lo autorizó a pesar de que estas pruebas no las hacen allí. Su precaria salud, precisaron, ha llevado a la prisión de destino -Sevilla II- ha solicitar su puesta en libertad condicional por enfermedad terminal en virtud del artículo 104.2.
Jaiki Hadi se sumó a la petición, «ya que lo que asegura es ni más ni menos que la garantía de sus propios derechos humanos». También han solicitado otra visita para el 20 de julio, a la que confían que Ibon Iparragirre pueda asistir.
El otro caso al que se refirieron fue el de Jesús María Martín, preso en Soto del Real después de que fuera extraditado en 2010 desde el Estado español. Después de cinco años en aislamiento, subrayaron, sufrió un intento de suicidio «provocado por los síntomas que desarrolló el pasado setiembre». En noviembre, sus médicos de confianza solicitaron atenderlo sicológicamente pero no recibieron respuesta hasta mayo, tras insistir durante dos semanas por algunas síntomas que habían detectado sus familiares y amigos.
A partir de la visita de una sicóloga y de su médico de cabecera, se reclamaron algunas pruebas complementarias para avanzar en el tratamiento del cuadro de trastorno esquizoafectivo que sufre. Por contra, le ingresaron de manera obligado, algo que estiman que es perjudicial para su estado y se niegan a facilitar datos a pesar de la insistencia de las reclamaciones de familiares y facultativos de su confianza.
A día de hoy, el preso de Basauri permanece 24 horas acompañado por su compañero de celda, pero sin el diagnóstico completo ni el tratamiento que requiere su enfermedad. Ayer, en Bilbo, denunciaron que la dirección de la prisión madrileña argumenta que «al no haber querido ir a consulta de siquiatría de la cárcel, no padece ninguna patología».
Para ambos casos, como para los de otros presos políticos vascos enfermos, Jaiki Hadi y Etxerat reclamaron su inmediata puesta en libertad. A.G
Jaiki Hadi y Etxerat avanzaron ayer en su comparecencia en la capital vizcaina que, en breve, ofrecerán nuevos datos acerca de la decena de presos políticos vascos con graves afecciones físicas y síquicas, para los que demandan su liberación.