El régimen libio denunció la muerte de 85 civiles en bombardeos de la OTAN en el este de Trípoli en un momento en el que los rebeldes muestran sus dificultades con una remodelación total del gobierno de facto en Bengasi.

El raid mortífero tuvo como objetivo en la noche del lunes la aldea de Majer, a diez kilómetros al sur de Zliten, objetivo de los rebeldes en su camino desde el este hacia la capital libia.

Mussa Ibrahim, portavoz del régimen, señaló a un grupo de periodistas trasladados a la zona que murieron 33 menores, 32 mujeres y 20 varones de 12 familias y denunció que tras una primera andanada de bombas, los familiares intentaban rescatar a los suyos de entre los escombros cuando fueron atacados por nuevos bombardeos.

Procedentes de Misrata, 50 kilómetros al este, los rebeldes intentan desde hace semanas romper las defensas del régimen en torno a Zliten, una ciudad de 200.000 habitantes.

La OTAN confirmó haber lanzado al menos ocho ataques aéreos sobre Zliten pero insistió en que «en este momento no tenemos pruebas de víctimas civiles» e insistió en que atacó objetivos «legítimos».

Un momento crítico

Este recrudecimiento de los bombardeos aliados tiene lugar en un momento crucial para los rebeldes, que han evidenciado sus diferencias internas con el anuncio de la destitución de la oficina ejecutiva del Consejo Nacional de Transición (CNT), una suerte de gobierno alternativo cuya función es administrar los territorios en manos de los rebeldes en el este del país.

El CNT decidió mantener en su puesto al primer ministro, Mahmud Jibril, aunque con la orden de que visite regularmnte la capital rebelde, Bengasi. Jibril estaba en Qatar en el momento del anuncio. No es el único. Varios ministros fueron acusados de pasar casi todo el tiempo fuera del país. No obstante, el catalizador de esta crisis ha sido la muerte en manos de los suyos del jefe militar de los rebeldes, el general Abdel Fatah Yunes.

El arresto que acabó con su ejecución fue firmado por el ya ex ministro de Exteriores, Ali Essawy. Las críticas se extienden al ex ministro de Defensa, Jallal al-Digheily, quien mantuvo un viaje a Egipto tras ser informado de la detención del militar.

El CNT ha reconocido «errores y excesos administrativos».