Stanley Fischer, el gobernador del Banco central, reduce los problemas sociales en Israel a cuatro fenómenos principales: la vivienda, el costo de la vida, los impuestos y la incapacidad del gobierno para proporcionar los servicios que demanda el público. Unas carencias sociales que han sido tasadas en 60.000 millones de shekel (15.000 millones de euros) por el Ministerio de Finanzas, que asegura que el Estado podría hacerse cargo de estas necesidades. Sin embargo, las miles de personas que se han establecido en plazas y las cientos de miles que se han manifestado desde el 30 de julio exigen un cambio fundamental en las prioridades estatales israelíes, la eliminación del régimen neoliberal y el reestablecimiento del Estado de bienestar. Parafraseando lo que los propios manifestantes corean en las marchas: «la revolución».

Sin embargo, el gobierno de Benjamin Netanyahu (Likud) carece de voluntad política para resolver los problemas que se denuncian en la protesta. De hecho, apuesta por una política de más de lo mismo e intenta utilizar las movilizaciones para profundizar en su proyecto neoliberal. Fichser ya ha recogido el guante y aboga por la creación de comités con capacidad para saltarse los procesos legales de planificación urbana, así como la reforma en el mercado de tierras. Es decir, que las grandes constructoras encuentren menos limitaciones ecológicas y sociales y que se acelere el proceso de privatización de las tierras del Estado. No se puede olvidar que, a día de hoy, el 93% de las tierras de Israel son propiedad de refugiados palestinos que están protegidas por garantías a la ONU desde 1950.

La cuestión sobre la que todos piensan y nadie habla son los palestinos. Los activistas temen que esta cuestión sea utilizada por el gobierno como arma en su contra. En todas las manifestaciones, los oradores aseguran que judíos y árabes son socios en la lucha. Pero nadie está dispuesto a definir qué significa esta llamada, teniendo en cuenta la heterogeneidad de la protesta.

Los activistas temen que el gobierno pueda recurrir a una provocación militar como salida ante la crisis interna. Podría tratarse de una agresión contra Líbano o contra los territorios palestinos ocupados. De hecho, hay quien piensa que el asesinato de dos palestinos el pasado 31 de julio puede tener relación con este aumento del descontento social. Tampoco se puede olvidar que Israel se prepara para un setiembre caliente ante la iniciativa lanzada por la Organización para la Liberación Palestina (OLP) destinada a que la ONU reconozca un estado palestino independiente.

Una de las sugerencias más radicales lanzadas por los indignados es la reducción del presupuesto de Defensa. Pero esta demanda ya se ha encontrado con el rechazo frontal de los políticos israelíes, que se escudan en las demandas palestinas para insistir en su carrera armamentística. De hecho, el jefe del Estado Mayor hebreo, Benny Gantz, llamó la atención sobre el período actual en el que se encuentra Tel Aviv. Gantz aseguró que los mandos castrenses se encuentran a la espera de iniciativas de protesta no violenta «en zonas de conflicto junto al muro o frente a las colonias». Por ello, el Ejército está adquiriendo más armas y desarrollando redes de inteligencia. «A pesar de la protesta social, no está en la agenda del Gobierno recortar el presupuesto de Defensa», aclaró Netanyahu.

Las miles de personas que se han lanzado a la protesta no son un bloque homogéneo y no tienen liderazgo reconocido. Rechazan el régimen neoliberal, la privatización de los servicios públicos y la íntima relación entre gobierno y capital. Al margen de esto, no están de acuerdo en nada. No existe un liderazgo nacional ni tampoco un campamento representa a otro. Ni siquiera se ha introducido la dinámica asamblearia que permite tomar decisiones por consenso, lo que provoca que cualquier grupo de activistas pueda tomar decisiones al margen de otro colectivo.

Sin embargo, una de las acampadas, la ubicada en el Bulevard Rothschild de Tel Aviv, se ha establecido como referencia para la prensa local e internacional, que los ven como una dirección de facto del movimiento. Esto no quiere decir que el resto de acampados se sientan representados. La clave está en la imagen que proyecta este núcleo, formado en su mayoría por sectores de las clases medias, que se contraponen al grueso de los acampados: inquilinos de vivienda pública, madres solteras, inmigrantes judíos de Asia y África y trabajadores extranjeros.

Las protestas seguirán durante todo el verano, a no ser que ocurran sucesos imprevistos. Pero la división entre el Bulevar Rothschild y las acampadas de la periferia, cuyos integrantes no tienen otras opciones, llegará en setiembre, cuando las clases medias regresen a la rutina y pongan fin a sus vacaciones rebeldes. Entonces quedarán los marginados, los que no tienen otra alternativa.