El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca) expresó ayer sus dudas de que El Salvador extradite al Estado español a los nueve militares procesados en ese país por el asesinato de los sacerdotes jesuitas en 1989 y que se entregaron ayer, días después de ordenarse su captura. «Alguien con su uso de razón, sabiendo que se les va extraditar no se va entregar», dijo a Efe el director de ese organismo, Benjamín Cuéllar, quien afirmó que la entrega «voluntaria» de los nueve militares fue pactada.

«Quisiera ser el primero en estar equivocado, y reconocer y aplaudir públicamente a un sistema de justicia salvadoreño que sería distinto al que hemos tenido hasta ahora (...), tengo derecho a creerlo mientras no demuestren lo contrario», agregó Cuéllar, quien aludió a la impunidad del sistema judicial salvadoreño. Nueve de los 20 militares salvadoreños procesados en el Estado español por el asesinato de seis sacerdote jesuitas en 1989 quedaron ayer a disposición judicial después de presentarse voluntariamente ayer a la Brigada Especial de Seguridad Militar.

La entrega se produjo después de divulgarse que la Policía salvadoreña se disponía a ejecutar la orden de captura de la Policía Internacional (Interpol), a petición del juez Eloy Velasco, que lleva el proceso en la Audiencia Nacional española.

Por su parte, uno de los abogados de los militares, Lisandro Quintanilla, afirmó ayer que la defensa «todavía no tiene la orden de captura de la Interpol», emitida por el juez español Velasco el 30 de mayo, y que lo único que conoce es el comunicado del Gobierno de que la ejecutaría, pero que espera que la entrega voluntaria de los militares se tenga en cuenta.