Coincidiendo con la campaña de acoso que están sufriendo los familiares de los presos políticos vascos, las filtraciones, manipulaciones e informaciones interesadas relacionadas con la situación de los prisioneros y su opinión respecto al momento político que vive Euskal Herria se han disparado en las últimas semanas. No sólo en aquellos medios que se han caracterizado por oponerse de forma visceral al proceso de resolución abierto en este país, sino también por parte de algunos dirigentes políticos. El último en sumarse ha sido Rodolfo Ares, quien ayer aprovechó un acto relacionado con su cargo para entrar en ese reprochable juego de especulaciones. No es admisible que al tiempo en que se ataca y se trata de impedir la labor de aquellas personas que trabajan por los derechos de los presos y trasladan a la sociedad sus vivencias y sus problemas, quienes promueven esos ataques o no hacen nada por evitarlos pretendan hacer de intérpretes del sentir de los represaliados.

Si realmente quiere conocer qué opinan los presos políticos vascos, el consejero de Interior de Lakua sabe perfectamente qué tiene que hacer. Puede hablar con sus interlocutores o directamente coger el mapa de la dispersión y recorrer miles de kilómetros por las cárceles españolas y francesas, como hacen cada semana sus familiares y amigos. Si no lo hace, sería un buen paso que al menos su partido no pusiera trabas a que los firmantes del Acuerdo de Gernika se reúnan con los representantes del Colectivo de Presos Políticos Vascos.

En el lado opuesto a la actitud que Ares y otros mandatarios mantienen respecto a los presos y a sus familiares, diversos organismos políticos, sociales y sindicales salieron ayer en defensa de Etxerat, demandando que se respeten sus derechos civiles y políticos. Una intervención necesaria que debe servir para contener las embestidas de aquellos que nunca han querido soluciones. Estas vendrán del respeto a todos los derechos. Eso es lo que oiría Ares si se acercara a las cárceles.