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CASO DE EUTANASIA ACTIVA EN BAIONA

El médico de Baiona queda libre, acusado de envenenar pacientes

El doctor ha reconocido que suministró una sustancia que produjo la muerte a pacientes en fase terminal para «acortar el sufrimiento»

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Arantxa MANTEROLA | BAIONA

Los jueces de Instrucción del Tribunal de Baiona rechazaron la demanda de encarcelación solicitada por el fiscal Marc Mariée y decretaron, a última hora de la tarde de ayer, la libertad provisional de Nicolas Bonnemaison, el médico del Hospital de la Costa Vasca que fue detenido el pasado miércoles por practicar, presuntamente, la eutanasia al menos a cuatro pacientes.

No obstante, este facultativo, de 50 años y natural de Hazparne, ha sido imputado de «homicidio voluntario». La acusación formal es la de «envenamiento» con el agravante de haberlo practicado sobre «personas particularmente vulnerables». Tanto el fiscal como su abogado defensor, Arnaud Dupin, confirmaron en sendas comparecencias ante la prensa que, efectivamente, el médico «ha admitido» haber suministrado a cuatro pacientes, mediante inyección, una substancia que les produjo la muerte.

El fiscal hizo hincapié en este aspecto, ya que en el Estado francés la eutanasia activa está prohibida y, en este caso, «no se cumplen» los requisitos de lo establecido por la legislación sobre asistencia a personas en fase terminal. «No es un caso de asistencia médica en el marco de la ley que prohíbe el ensañamiento terapéutico -puntualizó-. No se han dado las dos principales condiciones; a saber, el consentimiento del paciente o, en su caso, el de la familia, y la toma de decisión colegiada de no aplicar un tratamiento o de suspender los que estén en curso. Por tanto, es evidente que se trata de un crimen de Derecho común que puede ser castigado con la reclusión a perpetuidad».

Mariée también confirmó que la denuncia ha partido del mismo servicio donde trabaja Bonnemaison: la Unidad de Hospitalización de Corta Duración adscrita al Servicio de Urgencias.

Primeras sospechas

Las primeras sospechas datan de la pasada primavera. Según explicó el fiscal, alertada por varios miembros del personal sanitario, la dirección del hospital procedió a sus propias investigaciones internas hasta que, el pasado 3 de agosto, tras constatar la muerte de una paciente de 92 años en «circunstancias extrañas», decidió poner el caso en manos de la Justicia.

Algunos medios de comunicación, que citaron fuentes cercanas al Servicio de Urgencias, aseguraban que aquel día una enfermera que sospechaba de Bonnemaison había intentado mantenerlo apartado de la paciente en estado terminal, aduciendo que su familia iba a llegar de un momento al otro. Pero, según las mismas fuentes, varios testigos habrían visto al médico hazpandarra dirigirse a la habitación de la paciente. Poco después, las alarmas de los aparatos médicos se habrían activado, momento en el que el médico fue visto saliendo discretamente de la habitación en cuestión.

El fiscal, que aseguró que varios miembros del servicio hospitalario, entre ellos algunos médicos, ya han sido interrogados como testigos, manifestó que «por el momento no hay constancia de que [Bonnemaison] haya actuado en connivencia o con el consentimiento de otras personas».

Precisó, además, que las familias de las víctimas no habían declarado todavía y que, a día de ayer, ninguna de ellas había interpuesto denuncia algo que, por otro lado, consideró normal dado el escaso tiempo transcurrido desde que se han hecho públicos los hechos.

Lo que sí reveló fue que desde la Fiscalía habían dado consignas a la Asociación de Ayuda a las Víctimas para que se pusieran en contacto con las familias, con el fin de facilitarles las gestiones a realizar y, eventualmente, ofrecerles apoyo administrativo y sicológico.

Mariée no descartó que en el transcurso de la investigación judicial se lleven a cabo otras tomas de declaración, así como indagaciones suplementarias para verificar si ha habido otros casos de eutanasia activa en el mismo hospital, donde el médico imputado trabaja desde hace más de veinte años.

También informó de que «dada la gravedad de los hechos, el caso ha quedado a cargo de los dos jueces de Instrucción del Tribunal de Baiona».

No se arrepiente

Por su parte, tras haber asistido a su cliente en la comparecencia ante los jueces, el abogado de Bonnemaison manifestó que su cliente «asume lo que ha hecho y no se arrepiente de ello porque ha preferido encarar el problema de la eutanasia con firmeza».

Arnaud Dupin añadió que el médico de Hazparne ha declarado que «fue consciente de sus decisiones y que las tomó para acortar el sufrimiento de esas personas que iban a morir en breve».

También comentó que el doctor había hablado anteriormente con las familias, sin querer decir con ello que éstas le hubiesen pedido practicar la eutanasia. El letrado recalcó «la profesionalidad» de su cliente, alegada por él mismo, ya que considera que «es hora de dejarse de debates estériles y abordar de una vez por todas y como es debido el debate sobre la eutanasia». «Mi cliente trabaja en el hospital desde 1989 y es evidente que ha practicado este tipo de actos como, de hecho, lo hacen otros médicos», aseveró antes de comunicar que había pedido su puesta en libertad.

Dupin apostilló lo «absurdo» de utilizar la noción de «asesinato» en estos casos y dijo que su cliente es «cabeza de turco, puesto que es harto conocido que la eutanasia se practica en todos los hospitales».

Los jueces atendieron algunos argumentos del letrado y, a última hora de la tarde, decidieron dejar en libertad provisional a Bonnemaison, que permanecía detenido desde el miércoles por la mañana.

Mientras esté bajo control judicial, no podrá ejercer su profesión y también tiene prohibido acercarse o relacionarse con las personas afectadas por los hechos que se le imputan.

INYECCIÓN LETAL

La substancia letal utilizada por el médico sería una combinación de Hypnovel, un tranquilizante muy potente, y de Norcuron, que contiene curare y que, además del relajamiento de los músculos, provoca parada respiratoria.

DOS JUECES

El fiscal adjunto Marc Mariée informó de que, «dada la gravedad de los hechos» y la complejidad de las investigaciones futuras, los dos jueces de Instrucción del Tribunal de Baiona se encargarán conjuntamente del caso de Bonnemaison.

ShocK

El personal del hospital y, más en concreto el del Servicio de Urgencias, está muy impactados por lo ocurrido. Nadie quiere hablar de ello y el personal de seguridad impide que los medios de comunicación se acerquen a Urgencias.

ADMD: «La ley vigente supuso un avance, pero es claramente insuficiente»

André Weiss, representante en Ipar Euskal Herria de la Asociación por el Derecho a Morir con Dignidad (ADMD), no quiso precipitarse sobre el caso del doctor Bonnemaison. «Aún no tengo elementos suficientes para opinar sobre lo ocurrido», indicó.

En declaraciones a GARA, dijo que «no conoce» al médico y precisó que no tiene conocimiento de que haya ningún médico entre los cerca de 300 miembros locales que pertenecen a la asociación.

Tampoco osó avanzar si su asociación apoyará al doctor hazpandarra en el caso de que se establezca que, efectivamente, se trata de la práctica de la eutanasia activa. «Es una decisión que debería adoptarse en el Consejo de Administración de ADMD», aclaró.

Weiss explicó que la única ley vigente -la denominada ley Leonetti, aprobada en 2005- supuso un avance, aunque «es claramente insuficiente».

La ley contiene dos aspectos importantes, según Weiss. Por un lado, regula que la persona interesada pueda plasmar en un documento -que hay que renovar cada tres años- las directrices a seguir llegado el momento y, por otro, le permite designar a alguien de su confianza para que dichos criterios sean respetados, «algo esencial», como recalcó el militante de la asociación.

Sin embargo, si bien reconoce que la ley permite dejar morir a un paciente, el miembro de la ADMD lamenta que «sea el cuerpo médico el único que lo decida».

La ADMD aboga por una «verdadera ley que legalice la eutanasia, el suicidio asistido y el acceso a los cuidados paliativos para quien lo desee». Asimismo, reclama que las últimas voluntades manifestadas por las personas, además de ser recogidas en un Fichero Nacional, se inscriban en la Carte Vitale (tarjeta de la Seguridad Social). A.M.

AUTOPSIAS

Según fuentes de la Policía Judicial, se va a proceder a la autopsia del cuerpo de la paciente de 92 años fallecida a principios de agosto y de los de los otros tres pacientes que han muerto en parecidas circunstancias desde el mes de abril.

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