La muerte de un santurtziarra en la cárcel de Langraiz el pasado domingo eleva a más de 30 el número de personas muertas en los últimos cuatro años en las prisiones de Hego Euskal Herria y residentes administrativamente en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa fallecidos en otras prisiones del Estado español. Un número escandaloso que desgraciadamente no resulta alarmante por el hecho de que los fallecimientos han ocurrido detrás de sólidos muros. En los casos de fallecimiento de presos concurren habitualmente el ocultamiento oficial, la información tardía y el nulo interés en la investigación. Y en el caso del fallecido el domingo, además, la distorsión informativa, pues se publicaron supuestos móviles y pormenores de las causas de la muerte que apuntaban a una pelea originada por una discusión por un asunto de drogas, lo cual es rotundamente falso. Al parecer, el agresor fue una persona cuyo estado físico y mental se encuentra notoriamente deteriorado, lo cual llama la atención, dado que un módulo de una prisión no parece el lugar más adecuado para una persona en esas condiciones. Hay mucho que aclarar sobre lo que ocurre en ese mundo rodeado de muros y alambre, y mucho que hacer para evitar tanta muerte ante la indiferencia de quienes han de garantizar la vida de las personas presas, que poseen derechos como todos y son merecedoras de solidaridad.