Las propuestas presentadas por Alemania y el Estado francés el pasado martes ya se han topado con sus primeros obstáculos y reticencias. Angela Merkel y Nicolas Sarkozy plantearon, entre otras medidas, introducir en las diferentes constituciones una norma que no permita incurrir en déficits presupuestarios.

Ayer fueron un paso más allá y, en una carta remitida al presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, plantearon que desde 2014 se puedan «suspender» los fondos estructurales y de cohesión de los estados socios del euro que incumplan las recomendaciones de Bruselas para cumplir con los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Alemania, tras años de debates, ya añadió a comienzos de 2009 un artículo al respecto en su Ley Fundamental. Pero el primero en tener dificultades para plasmar esta idea es el presidente galo, quien necesita el respaldo, que no tiene, de los tres quintos de las dos cámaras legislativas.

Italia ya ha comenzado a tramitar la reforma, mientras que en el Estado español es delicado abrir el melón constitucional. La ministra de Economía, Elena Salgado, puntualizó que lo importante es que todos los estados se comprometan con esa «regla de oro», independientemente del instrumento legal que se utilice.

Más complicada es la situación en Bélgica, donde desde hace más de un año ni siquiera hay un Gobierno estable, lo que hace prácticamente imposible una reforma constitucional, tarea ya de por si hercúlea.

Para modificar la Constitución en Bélgica es necesario primero decidir qué artículos se quieren modificar; a continuación disolver el Parlamento y luego convocar elecciones. El Parlamento que se forme tras esas elecciones debe iniciar un proceso de discusión sobre la lista de artículos a modificar y votar el cambio por mayoría de dos tercios.

En Austria, una modificación de la Constitución necesita ser aprobada en referendo, como el que se celebró en junio de 1994 para decidir si el país ingresaba en la Unión Europea. En caso de lograrse un «sí» popular, la enmienda requiere del apoyo de dos tercios del Parlamento.

Tampoco ha suscitado un respaldo unánime la propuesta de gravar las transacciones financieras. Holanda y Gran Bretaña, por ejemplo, coincidieron en subrayar que esta medida sólo podría implementarse a nivel mundial.

El ministro holandés de Finanzas, Jan Kees de Jager, manifestó que de lo contrario se produciría una «enorme distorsión, ya que la gente podría llevar fácilmente sus impuestos a otra jurisdicción».

Respecto a la armonización del Impuesto de Sociedades, el Gobierno irlandés se apresuró a asegurar que, independientemente de que Alemania y el Estado francés fijen un mismo gravamen, ellos mantendrán el suyo. «La tasa del 12,5% es esencial para nuestra política económica y no haremos ninguna concesión. Si franceses y alemanes deciden avanzar en la armonización, es un asunto suyo», sentenció el ministro de Finanzas Michael Noonan.