El colectivo de transportistas despedidos por la empresa hormigonera Hanson Hispania anunciaron ayer en una rueda de prensa en Bilbo que han denunciado ante la Ertzaintza haber recibido amenazas de muerte hacia ellos y sus familias, y responsabilizaron de las mismas a la directiva de la compañía de Bizkaia.

Transportistas y representantes de los sindicatos Egas y Sintrabi afirmaron que la empresa ha «coordinado» a siete «matones de discoteca» para «acosar» al colectivo. Además informaron que estos ha hecho uso de «objetos prohibidos» como porras extensibles o puños americanos. También afirmaron que tienen la certeza de que Hanson Hispania ha contratado a quince detectives.

Tras haber presentado las correspondientes denuncias ante la Ertzaintza en Balmaseda, ahora esperarán a que los jueces decidan «hasta donde alcanza la responsabilidad» de la delegación vizcaina de la empresa.

Jon Mikel Abellanal, del sindicato de transportistas Egas, valoró la situación y los hechos como «ataques al derecho a la libertad sindical», así como al «derecho de la asociación y derecho a la libertad colectiva».

Abellanal informó que los camioneros se han puesto en contacto con las Inspecciones de Trabajo y Transportes para denunciar que un conductor reconoció trabajar sin contrato y que los camiones que se utilizan actualmente para el transporte del material van con una carga superior a la permitida en cuanto a peso.

Por último, el representante sindical comunicó que la situación de los transportistas despedidos y en huelga se mantiene igual, puesto que la empresa «se niega a retomar las negociaciones».

Los camioneros llevan 50 días en huelga en señal de protesta por el despido de los camioneros autónomos. Estos profesionales eran 21 y trabajaban en las plantas de Zaramillo y Asua.

Por su parte, la compañía aseguró en julio que no se trataba de despidos de los autónomos, sino de un cambio en el proveedor del servicio y responsabiliza a los conductores, diciendo que el cambio se debe a su negativa a adaptarse a las condiciones actuales del mercado.

La media de antigüedad de los afectados oscila entre los 20 y los 30 años. El pasado mes los sindicatos calificaron la medida de «dictatorial».