El nombramiento de Teresa Lasheras como directora del Teatro Gayarre, señaló el Ayuntamiento de Iruñea en un comunicado, ha tenido en cuenta un informe emitido ayer mismo por la asesoría jurídica municipal.

El informe concluye que el acuerdo adoptado el pasado 5 de agosto en la reunión de la Junta del Patronato de la Fundación Teatro Gayarre, por el que se nombraba a José María Asín como director gerente, «sólo desplegará efectos cuando se efectúe su formalización, atribución que corresponde al presidente».

El mismo texto indica que la formalización del contrato supondría «otorgar eficacia a un acuerdo ilegal» y recoge la facultad del presidente de la Fundación, Enrique Maya, para nombrar de forma provisional a un director gerente. Un informe anterior de la asesoría jurídica del 12 de agosto ya señaló que el nombramiento del día 5 fue adoptado «sin haberse formalizado la debida propuesta de nombramiento, cuya competencia corresponde al presidente de la fundación».

Ambos informes han sido solicitados por el alcalde de Iruñea tras la reunión de constitución del patronato de la Fundación Teatro Gayarre, en la que José María Asín fue elegido gerente con los votos de PSN, NaBai, Bildu e I-E, frente al candidato propuesto por UPN, Pedro Lozano, pese al acuerdo previo que, según los regionalistas, existía con los socialistas para la designación de este último.

En esa reunión, indicó el Ayuntamiento de Iruñea, se aprobó la propuesta de nombramiento de Asín como gerente de la institución «sin haber sido propuesto por el presidente, que es el propio alcalde, sino por otros miembros del patronato». De esta forma, el Teatro Gayarre retomará su actividad para la nueva temporada el próximo lunes, fecha en la que los trabajadores se reincorporan tras las vacaciones de verano, en las que el espacio ha permanecido cerrado.

Con el nombramiento provisional, la nueva directora gerente podrá llevar a cabo las funciones recogidas en los estatutos para el cargo. No ejecutar estas funciones, entre las que se encuentran la elaboración del proyecto de programa anual o la confección del proyecto del presupuesto puede, según el informe jurídico, «perjudicar a la actividad de la Fundación».