Nuevas medidas económicas del gobierno español
Madrid recurre de nuevo a la vivienda para buscar ingresos
El Gobierno español aprobó ayer un decreto-ley para tratar de reducir el déficit público. Tres son las medidas principales. La más novedosa es la rebaja temporal del IVA -hasta el 31 de diciembre- desde el 8% al 4% en la compra de vivienda nueva. Las otras dos ya estaban anunciadas: la reforma parcial del Impuesto sobre Sociedades para grandes empresas -no afecta a Hego Euskal Herria- y la reducción del gasto farmacéutico mediante el uso de genéricos.
Imanol INTZIARTE | DONOSTIA
Este es, grosso modo, el argumento empleado por el Gobierno español para explicar su decisión de recortar del 8% al 4% durante cuatro meses -hasta el 31 de diciembre-, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para la adquisición de vivienda nueva, según explicaron el portavoz y ministro de Fomento, José Blanco, y la vicepresidenta para Asuntos Económicos, Elena Salgado, en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
Ello supondrá que, por ejemplo, para una vivienda de 200.000 euros, el precio se verá reducido en 8.000 euros. Blanco recalcó que la medida es de carácter «temporal y extraordinario», y explicó que «pretendemos dar salida al stock de viviendas y reactivar el sector de la construcción, donde hay demanda potencial, pero al haber stock es muy difícil el acceso al crédito».
Preguntada por el impacto recaudatorio que tendrá este recorte del IVA, Salgado señaló que será «previsiblemente positivo», pues agilizará la adquisición de vivienda, indicador que ahora mismo no pasa por su mejor momento. Un dato: la aportación de la construcción al PIB ha caído del 10% al 4 %.
«En el caso de una vivienda que no se vende, su ingreso de IVA es cero. Los datos de los últimos meses muestran que la venta de viviendas ha caído más de lo que es razonable esperar», apuntó la vicepresidenta. Salgado añadió que esta medida podría favorecer el crédito, ya que contribuirá a «descargar» los balances de las entidades financieras, donde hay muchos activos inmobiliarios en stock.
En este sentido, Blanco recordó que tanto los promotores como las entidades financieras habían pedido medidas excepcionales para liberar parte del stock de vivienda y abrir el grifo del crédito. Según los últimos datos publicados por Fomento, 2010 cerró con 687.523 viviendas nuevas sin vender en el Estado español. En el primer semestre de este año la venta cayó un 10,1%.
En julio del año pasado, el Ejecutivo elevó del 7 al 8% el IVA reducido -que afecta a alimentos, vivienda nueva y transportes, entre otros-, en tanto que a inicios de este año eliminó la desgravación por vivienda para las rentas superiores a los 24.000 euros.
Salgado aseguró que el Ejecutivo no olvida su «determinación de seguir favoreciendo el mercado del alquiler». Respecto a la vivienda de segunda mano, apuntó que no está sujeta al IVA sino al Impuesto de Transmisiones, que es competencia de las comunidades autónomas.
El decreto-ley aprobado ayer, que el Gobierno espera sea convalidado por el Congreso el próximo martes, también incluye cambios en el Impuesto de Sociedades durante el periodo 2011-2013 para las empresas cuya facturación sea superior a los 20 millones de euros (el 0,5% del total, unas 3.900).
Por encima del actual 21%
Esta medida no afecta a las empresas con base tributaria en Hego Euskal Herria, ya que son las diputaciones forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y el Gobierno de Nafarroa quienes tienen las competencias para marcar los gravámenes.
Salgado subrayó que estos anticipos no supondrán un «perjuicio sustantivo», pues las compañías que facturen de 20 a 60 millones tendrán que anticipar unos 59.000 euros y las que facturen más de 60 millones deberán adelantar unos 255.000.
«Son cifras muy limitadas y asumibles», apuntó, al tiempo que recordó que la ciudadanía ya anticipa sus pagos a través de las retenciones en el IRPF.
La norma también establece límites, con carácter temporal, a la compensación de las bases imponibles negativas procedentes de ejercicios anteriores. Actualmente las compensaciones pueden llegar al 100% de las bases imponibles.
A partir de la entrada en vigor de esta norma y hasta 2013, las empresas que facturen entre 20 y 60 millones sólo podrán aplicar el 75%, mientras que las que facturen más de 60 millones aplicarán el 50%.
La vicepresidenta señaló que estos cambios implicarán una recaudación adicional este año de unos 2.500 millones de euros, y algo más de 400 millones en 2012 y 2013 por el «aplanamiento» de las deducciones.
Medicamentos genéricos
La tercera medida consiste en que los médicos tendrán que recetar los medicamentos por principio activo -los llamados genéricos- y no por el nombre de la marca, y que las farmacias deberán dispensar el fármaco de menor precio de una misma familia. Según José Blanco, esto permitirá ahorrar a la Administración del Estado y a las comunidades autónomas unos 2.400 millones de euros al año, mientras que la ciudadanía gastará 177 millones menos.
«Esto lo hacemos desde el principio de responsabilidad, todos tenemos que tener responsabilidad en el ahorro, tiene que haber un compromiso colectivo del Gobierno, los médicos, los farmacéuticos y los ciudadanos (...) las casas no pueden estar rebosando de medicamentos sin utilizar o caducados, que pagamos todos con nuestros impuestos», apuntó.
El Gobierno español podría recuperar el Impuesto sobre Patrimonio en el próximo Consejo de Ministros, el 26 de agosto, según afirmó el experto en fiscalidad del Consejo General de Colegios de Economistas, Leopoldo Pons.
Pons manifestó que en los últimos años el Impuesto sobre el Patrimonio «no tenía ningún valor como distribuidor de riqueza», pero que su retorno será «un efecto legitimador de lo que vendrá después», la subida del IRPF.
El grupo que aúna a muchas de las principales inmobiliarias españolas, el G-14, aplaudió la reducción del IVA decretada por el Gobierno ya que, a su juicio, puede contribuir a dinamizar un sector «muy castigado por la crisis». Pedro Pérez, presidente de esta asociación, explicó que «la reducción del IVA puede suponer un impulso en la venta de viviendas ya construidas, lo que acelerará la reducción del stock de aquí a final de año», si bien apuntó que «para un relanzamiento del sector sería también necesario que compradores y promotores tuviesen un mejor acceso a la financiación».
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) coincidió en destacar este último aspecto y subrayó que «la nueva medida no resuelve el principal problema que hoy tienen los consumidores; la dificultad de acceso al crédito hipotecario por los elevados requisitos que pide la banca». Esta asociación destacó que además la reducción del IVA es temporal, que no se aborda el precio de la vivienda usada y que es necesario reforzar el alquiler como medio de acceso a la vivienda. «Una vez más, en lugar de afrontar el problema en su conjunto, se toman medidas puntuales que afectan sólo a la compra de vivienda, olvidando siempre otras alternativas», concluyó.
Facua-Consumidores en Acción criticó que la decisión de rebajar temporalmente el IVA «sea una solución para el sector, pero no para los consumidores».
En declaraciones a Europa Press, el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, consideró que «lo que debe hacer el Gobierno es fomentar el acceso a la vivienda, a una vivienda a unos precios no desproporcionados. Además, puede ser una trampa para el consumidor, ya que llama a comprar rápido y caer en precios altos, sin que se produzca un ajuste en ellos». Además, subrayó que el Ejecutivo no está ayudando a que se produzca una caída en los precios, «ya que no está presionando al sector para que deje de especular».
El presidente de la asociación de constructoras Seopan, David Taguas, auguró que la rebaja del IVA tendrá un «efecto limitado. No contribuirá a incrementar la demanda de forma notable». Taguas se mostró además muy crítico con la reforma del Impuesto de Sociedades, que tildó de «preocupante» y «negativa» porque, a su juicio, agravará la situación de las empresas y el empleo.
Para la patronal española (CEOE), se trata de «una carga adicional» de consecuencias «graves para la tesorería de las empresas afectadas», mientras que la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) estimó que supone un «bocado a la liquidez» en un momento en el que la financiación está cada vez más complicada.
Desde el ámbito sindical, CCOO consideró que las medidas aprobadas son «muy limitadas», mientras que la Unión Sindical Obrera (USO) opinó que «sólo buscan contentar a nuestros socios comunitarios y al Banco Central Europeo». I.I.
«El Ministerio de Economía está pensando en subir el IRPF de nuevo y necesita de un impuesto legitimador de antesala», aseguró. «Es el único impuesto que tiene capacidad de recaudación inmediata y además en grandes cantidades».
