Organizaciones internacionales como Tax Justice Network (TJN) y la Global Financial Integrity (GFI) reconocen que los paraísos fiscales continúan atesorando cada vez más fondos económicos que escapan al control de las haciendas. Según los últimos cálculos que realizan, en este momento en los alrededor de 60 enclaves opacos al control fiscal directo, acumulan entre 15 y 20 billones. Además se añade que, a juicio del GFI, cada año se dejan de pagar impuestos por 900.000 millones y 1,1 billones de euros, la mitad de los países en vías de desarrollo, por los denominados flujos ilícitos.

Los datos oficiales, una vez corregidos algunos destinos en países, indican que desde 1993 en el Estado español se han invertido 10.170,35 millones en los paraísos fiscales. La inversión oficial de los empresarios vascos en esos enclaves alejados del control fiscal ascendió en ese plazo a los 1.585,58 millones. Algunos expertos en materia fiscal afirman que esas cantidades son «una décima parte» de la realidad que permanece opaca a las haciendas tributarias.

Fracaso de la estrategia

Tras desatarse la crisis económica, después de que a mediados de setiembre de 2008 Lehman Brothers quebrara, el conjunto de países más ricos del mundo, reunidos en el G-20, establecieron a comienzos de 2009 una estrategia para terminar con esos fondos ocultos, pero ha fracasado. Los paraísos fiscales siguen siendo centros de peregrinación de las grandes fortunas.

La organización Tax Justice Network afirma que «los servicios financieros extraterritoriales no se basa sólo en las islas y los pequeños estados. Se han convertido en un crecimiento insidioso en todo el sistema global de finanzas» y añade que «los mayores centros financieros como Londres, Nueva York y países como Suiza y Singapur ofrecen el secreto y otras ventajas especiales para atraer flujos de capital extranjero». Añade, a la vez, que la pérdida financiera para los países es «enorme» y supone «una pérdida de ingresos fiscales, con lo que provoca que los países se vuelvan más dependientes y vulnerabales».

Es lo que está ocurriendo con la crisis actual, que mientras está aumentando la evasión de capitales, las administraciones públicas se quejan de la falta de recursos. Como consecuencia de todo esto, los gobiernos están llevando a la práctica mayores recortes sociales, en vez de actuar en el camino que anunciaron en abril de 2009 de «poner fin al secreto bancario«, por una parte, y «terminar con el fraude y los paraísos fiscales», por otra.

Dos años y medio después, Bruselas ha anunciado esta semana pasada que después del del verano dará a conocer una tasa sobre transacciones financieras en la UE. La iniciativa saldrá adelante en octubre, como explicó Cristina Arigho, portavoz del Ejecutivo comunitario.

La misma busca dar un golpe de efecto antes de que en noviembre se reúna el G-20 en Cannes (Estado francés). Con ese impuesto, Bruselas espera obtener unos fondos de entre 15.000 y 20.000 millones, cantidades muy alejadas de la estimación de fraude fiscal en la UE que alcanzan, en su cifra muy conservadora, los 250.000 millones. Esta cantidad hubiera servido para rescatar a Grecia, Irlanda y Portugal juntos. También se pretende poner en marcha un nuevo IVA comunitario, con lo que los recursos entre ambos sumarían los 60.000 millones.

Sin embargo, ni el G-20 ni la UE han tomado acciones concretas para hacer frente a la evasión fiscal que se está produciendo en el mundo, a pesar de esos anuncios reiterados desde hace dos años y medio.

El poder de la élite

La política macroeconómica a nivel mundial ha fracasado porque el desempleo sigue creciendo, más en determinados países como el Estado español, pero, a la vez, ha fracasado el sistema fiscal. La globalización ha beneficiado a los poderosos, ya que han sido capaces de trasladar inversiones allá donde les es más rentable, sino que «han movido sus fortunas, lejos del alcance de las haciendas», confirma el Global Financial Integrity. José Luis Escario, investigador de la Fundación Alternativas y autor del libro «Paraísos fiscales: agujeros negros de la economía globalizada», aseguró en una entrevista que «los estados están perdiendo capacidad fiscal en tiempos difíciles. La libre circulación de capitales a nivel global beneficia a las grandes empresas y fortunas que pueden pagar estos mecanismos y equipos de abogados para montar esos entramados legales».

Son significativas, en este caso, las palabras que trasmitió el supermillonario Warren Buffett quejándose de que el Gobierno estadounidense era más benévolo a nivel fiscal con su elevada fortuna que con los salarios de algunos de sus empleados, que cobran mucho menos.

Las organizaciones internacionales que estudian el control y la evasión fiscal reconocen que se están dando tímidos pasos para el control del fraude y los paraísos fiscales, porque admiten que «los gobiernos no se atreven a meter mano a este problema». Tal es así que hace unas semanas apareció el desvío de fondos que el presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, había realizado a unas cuentas en Suiza. Botín tiene una de las grandes fortunas españolas y, según la revista Forbes, aparece entre los principales millonarios del mundo. En 2010, su fortuna personal se situó en unos 1.500 millones de dólares. Tras saltar a la luz el dinero oculto a la Hacienda estatal en Suiza, Botín y once de sus familiares, que fueron controlados por la Fiscalía Anticorrupción, adelantaron 200 millones por esas cuentas en el banco HSBC, lo que según los cálculos que han realizado diferentes expertos fiscales indica que, al menos, fueron los 2.000 millones alejados del conocimiento de Hacienda.

Hay que tener en cuenta que el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa reconoció este año en el estudio que realiza sobre las empresas del Ibex 35 que el 82% de las empresas mantiene sedes y operaciones ligadas directamente con los paraísos fiscales.

Miembros de Attac del Estado francés, de Alemania, de Austria y de Suiza reconocieron en un documento que «a raíz de la globalización de los mercados financieros, los paraísos fiscales se han convertido en una amenaza grave para la Democracia».