Vaya por delante que el asunto del momento, la inclusión de un techo de déficit para las administraciones públicas en la Constitución española, no debiera tener mucho recorrido en tres de las provincias vascas porque nunca ha sido aprobado -abstenciones y votos negativos sumaron el 65%- ese corpus legal como piedra angular para la convivencia. ¿Qué tiene de malo colocar un techo al déficit de las administraciones en esa Carta Magna impuesta aquí por su aprobación en otros lugares del Estado español? Para empezar, es una amenaza seria a las políticas económicas de los territorios que gozan, a duras penas, de una autonomía vigilada en materia presupuestaria y fiscal.

A partir de la «reforma exprés», todavía no desentrañada del todo pese al acuerdo PP-PSOE, se extiende una nueva norma común para el conjunto de las administraciones del Estado español, de cualquier índole y condición, por lo que se cercena, una vez más, la capacidad de autogobierno de la Comunidad Autónoma Vasca. Como consecuencia, se despoja a la CAV de la potestad real de un endeudamiento racional para impulsar las políticas económicas necesarias. Si en un momento determinado ese techo de déficit público -se prevé un 0,14% del PIB para todas las comunidades autónomas-, constriñe la posibilidad de aumentarlo en aras de lograr, por ejemplo, mejores prestaciones sociales, las consecuencias serán desastrosas.

En segundo lugar, eliminar la posibilidad de jugar con el endeudamiento y el déficit vía Constitución española es una postura ideológica reduccionista enfrentada a otras vías de solución de problemas y crisis tan válidas, al menos, como las defendidas por los promotores de la reforma y el monetarismo. De este modo, las excepcionalidades previstas en la modificación constitucional para catástrofes naturales, recesión económica y situaciones de emergencia extraordinaria sólo son una cortina de humo para ocultar el desatino.

Se trata, al mismo tiempo, de una imposición, una más, del eje Berlín-París al gobierno Zapatero, por lo que cacarear esta medida-ocurrencia como una postura autónoma es chiste. Para mantener el equilibrio presupuestario que dicen defender hay suficientes mecanismos en la actualidad y siempre sería posible modificarlos sin necesidad de sacralizar nada.

El remate de esta jugada infumable, que desajusta los mecanismos de gestión económica de la CAV, se encuentra en la fecha prevista de su entrada en vigor; a partir de 2020. Para entonces, según parece, los mercados estarán más tranquilos.

Por otro lado, la propuesta del Gobierno Zapatero es prácticamente un calco de la petición del PP, que defiende el déficit cero. Bien hubieran hecho los inflados líderes de la derecha en haberse aplicado el cuento en los ayuntamientos y comunidades en las que detentan el poder durante décadas. Vamos, otro chiste.

Por tanto, sólo se puede interpretar como otro movimiento errático de un Gobierno noqueado que traerá funestas consecuencias a la CAV y a las fútiles aspiraciones socialistas de reeditar el mandato en noviembre.

La gota que colma el vaso es la decisión de evitar el referéndum para una norma que entrará en vigor dentro de nueve años. Es resumen, para enmendar el déficit público incurrirán en otro alevoso déficit democrático.