La primera voz de alarma la dio la Diputación guipuzcoana, cuya titular de Hacienda, Helena Franco, desvelaba un desfase presupuestario de 101 millones de euros provocado por unas previsiones de recaudación excesivamente optimistas del anterior equipo de gobierno.

Pero detrás de esta situación se encuentra también, según mencionó la diputada, la decisión «unilateral» del Gobierno español de no realizar el pago que trimestralmente efectúa a las haciendas vascas en concepto de ajuste por el IVA y los impuestos especiales que recauda la Agencia Tributaria pero que corresponden a las haciendas forales por el consumo efectuado en los territorios vascos.

Esta cantidad asciende a 206,6 millones de euros y su paralización se debe a que el Gobierno español pretende así compensar las discrepancias en torno a las liquidaciones del Cupo, que se pueden cuantificar en unos 180 millones. Asimismo, con esta medida habría decidido empezar a cobrar parte de la deuda de 435 millones que tienen las haciendas vascas en cumplimiento de la sentencia del «caso Rover».

De los 206,6 millones que el Gobierno español ha dejado de ingresar en las arcas forales, 68,2 millones deberían corresponder a Gipuzkoa, según los datos hechos públicos por la Hacienda de este territorio, la única hasta el momento en hacer un balance de la recaudación acumulada hasta el cierre de julio.

A esta cantidad que la Diputación de Gipuzkoa ha dejado de recaudar en julio hay que añadir, además, otros 51,7 millones de euros que ha dejado de recibir por el ajuste interterritorial por IVA e impuestos especiales que se efectúa de forma habitual entre las diputaciones.

Según explica la Diputación de Gipuzkoa, en este apartado ha tenido un efecto importante el hecho de que en junio se haya producido un incremento importante de las devoluciones del IVA en Bizkaia y Araba, siendo julio el mes en el que se realiza el ajuste de la recaudación del segundo trimestre.

Todo ello ha provocado que la variación de la recaudación acumulada respecto al año anterior, que en junio suponía un incremento de del 4,4%, haya pasado en julio a reflejar una disminución del 3,5%. De esta manera, la Diputación de Gipuzkoa prevé que en el cierre del ejercicio «se podría producir una desviación importante en el grado de ejecución del presupuesto», motivo por el que ha acordado hacer una nueva estimación de la recaudación y, acto seguido, una reordenación de los gastos que conllevará una «paralización técnica» de algunas inversiones en infraestructuras.

Por su parte, el diputado de Hacienda de Araba, José Zurita, anunció que su departamento recortará los gastos mediante políticas de ahorro, aunque no facilitó detalles.

Procedimiento «ilegal»

Respecto a la cantidad que las instituciones vascas adeudan al Estado por el litigio del «caso Rover», el Gobierno de Zapatero ya ha cobrado 24 millones a través de un procedimiento que podría ser «ilegal», según reconoce el propio Departamento de Hacienda del Gobierno de Gasteiz, y que podría acabar de nuevo en los tribunales.

Se trata de la cantidad que la firma automovilística británica Rover pagó en concepto de IVA por la actividad llevada a cabo en territorio alavés entre 1990 y 2005 y que fue transferida a las instituciones vascas tras una negociación presupuestaria del PNV, aunque después fue desautorizada por el Tribunal Supremo, que ordenó reintegrar dicha cantidad al Estado.

El próximo 30 de setiembre a las haciendas vascas les corresponde formalizar uno de los pagos a cuenta del Cupo que se llevan a cabo cada cuatro meses. Está por ver si responden con la misma moneda y optan por descontar dicha cantidad, posibilidad que no está del todo descartada.