Haarde está acusado de violar la ley sobre la responsabilidad de los ministros y de desoír las advertencias que recibió en su momento acerca de una inminente crisis de los principales bancos islandeses, cargos por los que puede ser condenado a una pena de hasta dos años de cárcel.

Tras la vista preliminar celebrada en junio pasado, el juicio se reanudó ayer con otra comparecencia en la que la defensa pidió que se cierre el caso, al entender que no ha sido investigado correctamente y que los cargos no han sido clarificados.

El abogado defensor, Andri Arnason, cuestionó también por qué Haarde, quien se ha declarado inocente de todos los cargos, ha sido el único miembro de su Gobierno que debe afrontar un proceso judicial por su actuación durante la crisis.

Antes de entrar en el juzgado, el conservador Haarde, de 60 años, insistió en declaraciones a la televisión pública que se trata de una «farsa» orquestada por el actual Ejecutivo de izquierda para castigar a su partido.

No obstante, resaltó que tiene la «conciencia tranquila» y que esperará pacientemente a que el tribunal decida si acepta la causa contra él, resolución que deberá adoptar en el plazo de cuatro semanas.

Haarde está siendo juzgado por el Landsdómur, un tribunal especial creado para procesos que afecten a miembros del gobierno y que nunca antes había actuado desde su creación en 1905. Está formado por cinco jueces del Tribunal Supremo, un presidente de un tribunal de primera instancia, un catedrático de derecho constitucional y ocho ciudadanos designados cada seis años por el Parlamento.

Empresarios, preocupados

La imputación de Haarde fue posible porque el Parlamento islandés (Althingi) dio luz verde al proceso hace un año, siguiendo el consejo del informe de una comisión investigadora creada para determinar las responsabilidades en la crisis. En esa misma votación, el Parlamento exculpó a tres ex altos cargos de su Gobierno, un conservador y dos socialdemócratas, en contra del parecer de la comisión.

El colapso económico en octubre de 2008, que obligó al Gobierno a nacionalizar los principales bancos del país, colocó a Islandia, que ha recibido ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI), en la peor crisis de su historia reciente.

Las protestas populares provocaron en enero de 2009 la caída del gobierno de coalición entre el conservador Partido de la Independencia y el Partido Socialdemócrata que encabezaba Haarde, que se retiró poco después de la política al descubrírsele un tumor cancerígeno.

La izquierda, en una coalición entre socialdemócratas y «rojiverdes», gobierna con mayoría absoluta desde 2009 un país que negocia su entrada en la UE, complicada por la disputa que mantiene con Gran Bretaña y Holanda por la indemnización a ahorradores de estos países tras la quiebra del banco Icesave.