sentencia por las ayudas a otros estados de la eurozona
Merkel salva, con condiciones, su gestión de las ayudas
El Tribunal Constitucional alemán hizo pública ayer su sentencia respecto a las denuncias que reclamaban la ilegalidad de las decisiones tomadas por el Gobierno de Angela Merkel para ofrecer ayuda financiera a otros estados de la zona euro. Los magistrados dan por ajustada a la ley la tarea realizada hasta la fecha por el Ejecutivo, pero al tiempo le ordenan que de ahora en adelante se someta a un mayor control por parte del Parlamento (Bundestag).
Imanol INTZIARTE |
El Tribunal Constitucional alemán, en una decisión salomónica, avaló ayer por un lado las decisiones tomadas hasta la fecha por el Gobierno para el mecanismo de rescate del euro y las ayudas para los países de la eurozona en apuros financieros, pero por otra parte matizó que en el futuro éstas deberán someterse a un mayor control parlamentario.
De este modo, los magistrados zanjaban las denuncias que sostenían que la participación alemana en los rescates lesionaba la potestad que, según la Constitución, tiene el Parlamento (Bundestag) sobre el presupuesto nacional. Los demandantes consideraban que estas decisiones vulneraban además un principio del derecho europeo según el cual los estados de la UE no pueden asumir deudas de otros estados miembros.
El caso era una patata muy caliente. Si los jueces declaraban ilegales las ayudas ya entregadas, las consecuencias serían impredecibles. Si permitían que se siguieran tomando decisiones del mismo modo era posible que el Parlamento se sintiese ninguneado. Así que han optado por el borrón y cuenta nueva.
«El Bundestag no ha vaciado de manera anticonstitucional ni inaceptable sus derechos presupuestarios ni violado el contenido sustancial de decisión del principio democrático», arranca la sentencia, que añade que «no puede determinarse que la cuantía de los avales asumidos supere los límites de gravamen presupuestario de manera que la autonomía presupuestaria se viera prácticamente vaciada».
Sin embargo, el Tribunal Constitucional exige que todos los planes de rescate y ayudas futuras sean aprobados sin excepción por la Comisión Presupuestaria del Bundestag. En este sentido, subraya que no puede producirse un automatismo en los pagos que socave los derechos de los diputados, y reclama que los paquetes de ayudas sean claramente definidos para que los parlamentarios tengan posibilidades de controlarlos e incluso de rechazarlos.
Destaca que no es suficiente que el Bundestag decida únicamente las condiciones marco para nuevos planes de rescate o ayudas y que el Gobierno se limite a informar a la Comisión Presupuestaria de las decisiones concretas sin contar con su beneplácito.
El Tribunal estima que el Gobierno federal ha mantenido hasta la fecha su capacidad de decisión soberana en el seno de la Unión Europea y expresa su rechazo a que en el futuro decisiones mayoritarias en el seno de la UE puedan forzar a Alemania a actuar contra su voluntad.
Merkel se siente respaldada
La decisión supone un alivio para el Ejecutivo de Angela Merkel antes de la votación en el Bundestag, a finales de mes, del segundo plan de ayudas a Grecia y de la flexibilización del fondo de rescate europeo. «La sentencia ha ratificado de manera absoluta la política del Gobierno», valoró ayer la canciller durante el debate sobre los presupuestos públicos en el Bundestag.
Afirmó que su país «es de nuevo la locomotora de crecimiento en la UE» y que su «misión central en la presente legislatura» es ayudar a que Europa salga de la crisis financiera con «el mismo éxito con el que lo ha conseguido Alemania», ya que «el futuro de Alemania es inseparable del futuro de Europa».
Merkel consideró que las reformas de los tratados de la Unión Europea no deben ser un tabú, sobre todo a la vista de las consecuencias de una crisis causada por los problemas financieros de algunos socios, caso no contemplado en el Tratado de Lisboa. En ese sentido, subrayó que lo que no puede ser es que la crisis de un país como Grecia, que supone el 2% de la capacidad económica de la zona del euro, llegue a amenazar el futuro de la moneda única.
La sentencia también fue celebrada por el presidente del Bundestag y compañero de Merkel en las filas de la CDU, Norbert Lammert, quien dijo que se garantiza el derecho del Parlamento a decidir sobre cuestiones presupuestarias y ratificó que este derecho no puede ser transferido al Ejecutivo a través de una especie de poder general.
En Bruselas, la Comisión Europea respiró con tranquilidad. «La Comisión toma nota con satisfacción de la sentencia del Tribunal Constitucional», indicó la portavoz Pia Ahrenkilde.
«Esta sentencia confirma la compatibilidad de las medidas adoptadas hasta ahora en este contexto con la Constitución alemana y es importante para la capacidad de la Unión y sus miembros para actuar ante la crisis de deuda soberana que afecta a ciertos estados miembros», añadió.
Hasta aquí hemos llegado
El auto tuvo lecturas colaterales. El líder de la gubernamental Unión Socialcristiana (CSU) y presidente de Baviera, Horst Seehofer, dio por «liquidado» el debate sobre los eurobonos. «El Tribunal Constitucional ha devuelto al suelo de la realidad a quienes sueñan con nuevas cesiones de competencias a Europa, un gobierno económico europeo o incluso con unos estados federados de Europa», estimó.
El comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn, vino a darle la razón al asumir que la creación de eurobonos acarrearía «implicaciones inevitables para la soberanía fiscal» de cada estado, por lo que «es necesario un debate sustancial entre los estados miembros de la eurozona para ver si estarían dispuestos a aceptarlo».
Rehn recordó que «en estos momentos hay grandes esperanzas sobre cómo los eurobonos podrían ayudar a resolver la crisis de deuda», pero matizó que «sea cual sea la forma en que se introduzcan, tendrán que ir acompañados por una vigilancia fiscal sustancialmente reforzada y por una coordinación política como contrapartidas esenciales, para evitar el riesgo moral y garantizar finanzas públicas sostenibles».
El Senado italiano aprobó ayer el plan de ajuste promovido por el Ejecutivo de Silvio Berlusconi por un valor de 54.265 millones de euros. La propuesta del Gobierno salió adelante con 165 votos a favor, 141 en contra y 3 abstenciones, con lo que ahora pasará a la Cámara de los Diputados para su ratificación definitiva.
En las horas previas a la aprobación del texto el Ejecutivo introdujo una subida de un punto porcentual en el IVA, del 20% al 21%, que supondrá 4.000 millones de euros más de recaudación al año y un gravamen del 3% sobre las rentas que superen los 300.000 euros anuales, lo que afectará a 34.000 contribuyentes, según datos del Ministerio de Economía.
Se implantará un impuesto del 5% para los funcionarios del Estado con rentas anuales que superen los 90.000 euros y del 10% a las que excedan de 150.000 euros. En el caso de los parlamentarios, esa tasa se duplica, con la posibilidad de que los porcentajes aumenten al 20% y al 40%, respectivamente, si el electo en cuestión percibe un segundo sueldo por actividades privadas. Entre una extensa lista, otras medidas destacables son el adelanto, de 2016 a 2014, del inicio del retraso progresivo de la edad de jubilación de las mujeres, de 60 a 65 años o la posibilidad de suscribir contratos entre un trabajador y una empresa al margen de los convenios colectivos nacionales. I.I.
El pasado viernes, los integrantes de la misión de supervisión internacional para Grecia -conocida como la «troika» y conformada por la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)- abandonaban Atenas con el argumento de que el Gobierno necesitaba un tiempo «para completar el trabajo técnico, entre otras cosas, relacionado con el presupuesto de 2012 y las reformas estructurales para impulsar el crecimiento».
Diversos analistas interpretaron que el Ejecutivo Papandreu había dicho «basta» ante las presiones para que acelerara sus planes de ajuste y privatizaciones. El ministro de Finanzas, Evangelos Venizelos, negó que hubiera una ruptura en las conversaciones, pero defendió que Grecia debía evitar la adopción de nuevas medidas que agraven la contracción económica y asumió que se incumplirá el objetivo de déficit público para este año. El ministro de Agricultura, Kostas Skandalidis, confirmó las sospechas al señalar que «la decisión del Gobierno de resistir a tantas presiones es justificada» y que «no es la 'troika' la que gobierna Grecia».
Sin embargo, el país necesita la aprobación de la «troika» para recibir un nuevo tramo del rescate de 110.000 millones de euros aprobado el año pasado y cuyo pago, unos 8.000 millones, estaba previsto para finales de septiembre. También está en el aire la aprobación definitiva del segundo plan de rescate, acordada el pasado 21 de julio por los jefes de Estado y de Gobierno. El ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, ha dejado claro que si Atenas no cumple con el ajuste no tendrá más asistencia.
De este modo, Venizelos compareció el martes en la televisión pública para asegurar que se acelerarán las reformas estructurales y las privatizaciones. Así, se procederá a extender el periodo de concesión de la gestión del aeropuerto internacional de Atenas, así como la privatización de la sociedad estatal de juegos de azar (OPAP), de la empresa de petróleo (ELPE) y la de gas natural (DEPA). También se liberalizarán algunas profesiones «cerradas» pese a las protestas anunciadas por diversos sectores afectados como taxistas, farmacéuticos y abogados. El Gobierno espera lograr 5.000 millones de euros con estas medidas.
Veinticuatro horas más tarde, la Comisión Europea expresó su satisfacción por las decisiones adoptadas por Atenas y anunció que la «troika» está lista para retornar. «Espero que nuestro jefe de misión, Matthias Mors, y su equipo regresen a Atenas la semana que viene, cuando las autoridades griegas deberían haber terminado el trabajo técnico, para continuar las discusiones sobre las políticas necesarias para completar la revisión», indicó el comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn. I.I.
