Eleak calificó el juicio que en octubre se celebrará contra once jóvenes de Iruñerria en la Audiencia Nacional española de «un nuevo ataque contra las libertades, ya que se pretende condenar y encarcelar a once personas por haber ejercido uno de sus derechos básicos, el derecho a hacer política y esto no es justificable en ninguna circunstancia».

«Además, ahora que se abren oportunidades ciertas para alcanzar un nuevo escenario de paz y de resolución del conflicto, nos parece muy grave que los estados sigan apostando por la represión y la cárcel contra el rival político», señalaron Expe Iriarte y Asier Biurrun, integrantes del movimiento por los derechos civiles, que hicieron asimismo extensiva esta lectura a los cinco miembros de Askapena procesados por la Audiencia Nacional española -dos de ellos son navarros- y a Josu Esparza, miembro del movimiento pro aministía del herrialde que fue detenido el martes en Donibane Lohizune.

Para Eleak, el juicio del «caso Bateragune», el celebrado en julio contra 18 jóvenes de Gipuzkoa y la detención y los nuevos procesamientos conocidos el martes son «fotografías viejas que pretenden devolvernos a un tiempo anterior, marcado por la ilegalización y la persecución de las ideas, en las antípodas del camino que quiere seguir la mayoría de la sociedad vasca».

«Hay una mayoría social que quiere que este proceso salga adelante, que lleguemos a un escenario democrático con mayúsculas, sin ninguna violencia y con todos los derechos para todas las personas. Y emplazamos a esa mayoría a blindar el camino por la vía de la adhesión social, a hacer inviable cualquier maniobra de bloqueo mediante la movilización popular», añadieron.

Por ello, hicieron un llamamiento a todos los agentes sociales, sindicales y políticos a dar una respuesta unitaria ante este juicio. Así, Eleak ha abierto una ronda de contactos para organizar una gran manifestación en favor de las libertades políticos y los derechos civiles en Nafarroa el 1 de octubre. «Será una marcha plural, en la que miles de personas de distintas sensibilidades nos reuniremos en torno a una demanda común: todos los derechos para todas las personas», anticiparon.

Mikel Marín y Mikel Flamarike, dos de los once jóvenes que serán juzgados, subrayaron que les acusan de ser miembros de Segi, «de acudir a reuniones, de tener material político, de haber trabajado en el movimiento estudiantil»... Junto a ello, destacaron que las únicas pruebas en su contra son «las autoinculpaciones que nos obligaron a firmar mientras nos torturaban o bien las acusaciones que tuvieron que hacer otros jóvenes contra nosotros, después de largas sesiones de tortura».

«No aceptamos que un tribunal de Madrid decida si la juventud vasca tiene derecho a organizarse o no. Es un derecho que nos corresponde y lo vamos a seguir ejerciendo», añadieron.