Menos de un mes después de la última intervención policial en el antiguo tanatorio de Basurto, en la Cuesta de Olabeaga, junto al hospital, agentes de la Guardia Urbana de Bilbo, en colaboración con la Unidad de Extranjería de la Policía española, llevaron a cabo el miércoles por la mañana una nueva redada contra las decenas de personas que buscan habitualmente refugio en esa estructura de hormigón. Los agentes identificaron a 63 personas, de las que 44 fueron arrestadas por no disponer de documentación. El 17 de agosto, tras una pelea entre dos varones por un espacio en el que dormir, se identificó a 46 sin techo; con anterioridad, se han producido otras operaciones de extranjería.

Mientras desde el Consistorio, su delegado de Seguridad Ciudadana, Tomás del Hierro, defiende la colaboración policial y las redadas contra las personas sin hogar, agentes políticos, sociales y sindicales tachan de xenófoba esta actuación.

SOS Racismo, por ejemplo, acusa al Ayuntamiento de reincidir en «responder con medidas policiales a problemas sociales. Lo hace con Kukutza y lo hace con la gente sin hogar». Ese colectivo subrayó que el equipo de Azkuna «no se toma en serio los planes de inmigración».

Desde Bildu, la edil Ana Etxarte pidió que cesen las redadas «de carácter xenófobo». «La falta de vivienda social y el alto precio de la vivienda libre empuja a sectores sociales más desfavorecidos a buscar un lugar para vivir allá donde pueden, en este caso -puntualizó- en edificios abandonados. Y la solución a este grave problema y a los choques de convivencia que generan estas situaciones, no pasa por redadas o expulsiones policiales, sino por una política social que garantice todos los derechos, incluido el de la vivienda, a toda la ciudadanía».

ELA también se sumó a las críticas a las redadas policiales, incidiendo en que los controles de identidad basados en los rasgos físicos -que son ilegales- se siguen sucediendo a diario en calles, medios de transporte, locutorios y espacios públicos. El sindicato denunció que se persiga a los migrantes por una simple falta administrativa.