Los hermanos Daniel y Xabier Saralegi fueron juzgados ayer en la Audiencia Nacional después de que dos escoltas les denunciaran por unas supuestas «amenazas terroristas» gestuales. Ambos defendieron su inocencia, mientras que los acusadores incurrieron en varias contradicciones en su relato de los hechos, tanto en la cronología como en la ubicación de los implicados. A pesar de todo, la fiscal mantuvo su petición de condena en 20 meses de prisión para cada uno de ellos.

La familia Saralegi vive en el mismo bloque de viviendas que un concejal de UPN de Iruñea, que está protegido por escoltas. Según explicaron los hermanos, la relación entre la familia y el concejal está normalizada y su padre se saludaba con él. Sin embargo, en noviembre de 2010 hubo un encontronazo fortuito con los agentes en el portal de la vivienda.

La versión de los agentes es que todo lo comenzaron los Saralegi gritándoles «txakurras» e «hijos de puta». El dato que ha llevado esta disputa hasta la Audiencia Nacional es que, según los escoltas, Daniel se metió una mano al bolsillo fingiendo que activaba un mando a distancia. Los acusadores llegan a interpretar que simulaba la activación de un coche bomba. En el juicio, intentaron explicar que los Saralegi proceden del «entorno radical», porque Daniel fue portavoz entre 2007 y 2008 de Gora Iruñea. A su hermano, trataron de incluirlo dentro de movimientos de corte abertzale pero, al ser incapaces de ubicarlo en un colectivo concreto, acabaron de acusarle de ser «simpatizante de Gora Iruñea».

Además de las personas presentes en el supuesto altercado, compareció en el tribunal el comisario instructor de la causa. Este policía defendió que Gora Iruñea! (plataforma en la que se incluye la Federación de Peñas, compuesta por más de cinco mil socios) es una herramienta de la izquierda abertzale para «crear espacios de impunidad» durante los sanfermines.

Cuando la defensa le preguntó si por «espacios de impunidad» podría entenderse un encierro con toricos de carretilla para los niños, el agente asintió, dando por bueno que «un encierro infantil es un espacio de impunidad».

Alejamiento de su propia casa

A pesar de todo esto, en el alegato final la fiscal mantuvo la acusación en sus mismos términos: veinte meses de cárcel para cada uno de ellos y una orden de alejamiento del portal por un tiempo de tres años. A Daniel Saralegi le parece particularmente indignante esta petición porque ahí está el piso en la que ha crecido y en el que continúa viviendo con su padre.

Al término de la vista oral, Daniel Saralegi explicó que salieron de la sala «relativamente tranquilos por las contradicciones en las que han incurrido los escoltas». No obstante, no se fía «porque, a fin de cuentas, esto es la Audiencia Nacional y nunca sabes qué criterio va a seguir».