Centenares de personas arroparon a los trabajadores de las plantas de Daewoo y Esmaltaciones de San Ignacio -ambas ubicadas en el polígono de Jundiz- durante una manifestación que recorrió varias calles de Gasteiz para exigir el mantenimiento del empleo y de la actividad en estas empresas, que han anunciado su cierre.

La marcha, con el lema «Álava no se cierra», había sido convocada por los comités de empresa de ambas fábricas y por los sindicatos UGT, ELA, LAB, CCOO y ESK, a los que se sumaron centenares de ciudadanos, así como representantes de Bildu y EB en Araba y del movimiento social Democracia Real Ya. También se pudo ver entre los participantes al secretario general de UGT-Euskadi, Dámaso Casado.

La manifestación partió a las siete de la tarde desde la plaza Bilbao y transcurrió por las calles Francia y Paz, cortadas al tráfico, hasta llegar a la plaza de la Virgen Blanca.

Los sindicatos explicaron que estos casos son sólo dos ejemplos de la «grave situación» que afecta al conjunto de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y, en referencia concreta al primero de estos herrialdes, recordaron otras empresas que han desaparecido últimamente o en las que se han producido numerosos despidos como Cegasa, BH, Kemen, Saunier Duval, Ceplastik, Iesal, Yosuthermik o Kennametal, entre otras.

En el caso de Daewoo, planta dedicada a la fabricación de frigoríficos, la multinacional surcoreana ha presentado un Expediente de Regulación de Empleo de extinción, que está en fase de estudio por parte del Gobierno autonómico y con el que se pretende dejar sin empleo a sus 147 trabajadores.

Por su parte, los 89 empleados de Esmaltaciones San Ignacio, empresa que fabrica menaje de cocina, luchan por conservar su trabajo después de que el Juzgado de lo Mercantil haya dado el visto bueno a la liquidación de negocio planteada por la compañía.

Al respecto, el diputado general de Araba, Javier De Andrés (PP), consideró que el cierre de Esmaltaciones San Ignacio es «un caso de deslocalización evidente», puesto que «seguirá haciendo en Marruecos el trabajo que desarrollaba en Álava». De Andrés advirtió de que ha sido «una decisión errónea que tendrá sus consecuencias».