Colectivos de inclusión social exigen al Gobierno de Lakua la retirada de las modificaciones previstas para el acceso a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), al considerar que éstas conllevan «desprotección social» y pretenden la «criminalización» de la pobreza.

La coordinadora de ONG Harresiak Apurtuz, la red europea Eapn Euskadi, Hirekin/Gizardatz, la red Reas Euskadi y la asociación de empresas de inserción Gizatea, con el apoyo de la Mesa de Redes del Tercer Sector de Acción Social de Euskadi, hicieron público un comunicado en el que expresan su rechazo a los cambios acordados entre PSE y PP y presentados por la consejera Gemma Zabaleta.

Estos colectivos señalan que la reforma introduce «un cambio fundamental en el espíritu» de la ley aprobada en 2008 «con la excusa de una optimización del sistema vasco de bienestar social, la persecución del fraude y la limitación de la solidaridad en tiempos de austeridad».

Asimismo, denuncian que se endurezcan los requisitos atendiendo a criterios de «eficiencia y economía presupuestaria, sin entrar a valorar las situaciones globales que afectan a quienes están solicitando tal prestación».

El PNV se abstendrá

El PNV anunció que no apoyará la reforma de la Ley de Garantía de Ingresos y que se abstendrá en la correspondiente votación. La parlamentaria jeltzale Garbiñe Saez Molinuevo acusó al Ejecutivo autonómico de ir «de la mano de quienes defienden la policía de padrón», en referencia al PP. En respuesta, Teresa Laespada (PSE) reprochó al PNV que critique la reforma «sin ofrecer alternativas».