Rafa Díez Usabiaga es una de las figuras más importantes del escenario político y sindical vasco desde hace al menos 25 años. Ha sido secretario general de LAB durante dieciséis de ellos, entre 1992 y 2008. También diputado en Madrid durante dos legislaturas y parlamentario en Gasteiz en otras tres. Ha tenido una participación destacada en varios intentos de solución al conflicto, desde las conversaciones de Argel hasta el momento actual. Y desde ayer, este ex trabajador de Michelin es además preso político vasco de nuevo.

La Audiencia Nacional tomó esta decisión de modo fulminante. Se le había convocado a Madrid únicamente para notificarle la sentencia, pero Díez entró en el tribunal especial por su propio pie y salió de allí en un furgón de la Guardia Civil, junto a Miren Zabaleta, camino a la cárcel de Soto del Real.

Los mismos tres jueces que le han castigado a diez años de cárcel tomaron esa decisión tras una «vistilla» improvisada, hasta el punto de que la convocatoria fue depositada sobre la mesa ante su abogado, Iñigo Iruin, en el mismo momento en que se iniciaba la sesión.

Iruin preguntó qué problema existía para aplazar la sesión al menos «cuatro horas» y poder revisar la situación con calma y en detalle, pero el tribunal presidido por Ángela Murillo tenía mucha prisa... o quizás quería evitarse a toda costa la foto de Díez entrando en una prisión, que habría sido muy impopular en Euskal Herria. Los pasillos de la Audiencia Nacional ocultaron al exterior su imagen rodeado de agentes policiales.

Rafa Díez llegó la Audiencia Nacional acompañado por Iruin y por Rufi Etxeberria, a los que seguían sus tres compañeros de banquillo que han quedado absueltos (Txelui Moreno, Amaia Esnal y Mañel Serra), así como otros conocidos militantes de la izquierda abertzale como Joseba Permach y representantes de LAB. Le acompañó igualmente el máximo dirigente de Eusko Alkartasuna en Nafarroa, Maiorga Ramírez.

La Fiscalía juega al despiste

Una hora después, los tres jueces firmantes de la condena presidieron la «vistilla» en que se ventiló su ingreso en prisión. Contrariamente a lo que ocurrió durante el juicio de este caso, Ángela Murillo, Teresa Palacios y Juan Francisco Martel mostraron un rictus extremadamente serio, que denotaba cierta incomodidad con el acto. Murillo torció el gesto varias veces, sobre todo cuando desde la defensa de Rafa Díez se le pidieron explicaciones por las prisas.

La sesión tuvo su punto de suspense, ya que antes de iniciarse se filtró un escrito de la Fiscalía en el que abogaba sólo por ajustar su situación anterior (libertad bajo fianza) a medidas «más proporcionales al nuevo estado procesal» (la condena). Esto abrió margen a especulaciones de pasillos, ya que habitualmente los jueces no toman decisiones más graves que las pedidas por la Fiscalía en estos casos y la palabra «prisión» no figuraba en el texto.

Sin embargo, Vicente González Mota empezó aclarando que con esa formulación sólo había pretendido esconder su demanda hasta esta «vistilla». Confirmó que reclamaba el ingreso en prisión de Díez por «la grave pena impuesta», para equiparar su situación con la de los otros condenados ya presos y al objeto de «asegurar la no reiteración» de delitos.

Iñigo Iruin recordó que «no necesariamente» una condena de diez años debe deparar la entrada en prisión cuando es evidente que la sentencia va a ser recurrida. Y destacó que si Rafa Díez hubiera querido huir, «lo tenía muy fácil desde el jueves a las 20.00, que es cuando la Cadena Ser difundió la condena. Ha tenido cuatro días». Pero, con carácter previo, el abogado vasco se mostró enfadado por que «convertir en un mero trámite algo que es de gran trascendencia resulta bastante irresponsable».

Tras las partes tomó la palabra el sindicalista abertzale, que recordó que ni se fugó antes ni piensa hacerlo ahora, sino que, bien al contrario, «he dado la cara». Díez aclaró además a los tres jueces que este fallo no va a condicionar su actuación futura: «Me considero inocente total y voy a ser coherente con ello», apuntó antes de remarcar que «aquí o donde le toque ir, esta persona va a seguir luchando por su país, la paz y las soluciones democráticas».

Su suerte estaba echada, y tomó forma de auto judicial dos horas después. No había margen para la sorpresa vista la posición de los tres jueces, del ala más derechista de la Audiencia Nacional, y a la luz de la petición de la Fiscalía. Rafa Díez fue enviado al otro lado de las rejas con argumentos como que existe «un gran riesgo de fuga y reiteración delictiva», y apostillando que dejarle libre hubiera su- puesto un agravio comparativo ante los otros condenados.

En los calabozos

Con urgencias y sin testigos se solventó también el trámite de notificación de la sentencia al resto de condenados, que ya están presos desde hace más de 700 días. Sonia Jacinto, al encontrarse en una cárcel de Madrid, ya fue llevada el viernes a la Audiencia Nacional, y ayer era el turno de Arnaldo Otegi, Arkaitz Rodríguez y Miren Zabaleta. Lo habitual en estos casos es que se les conduzca al despacho del juez o una sala judicial para comunicarles la decisión, pero ayer se cambió el guión.

La sentencia les fue notificada en los mismos calabozos de la sede judicial, en el sótano, y de ello se encargó un mero agente judicial, ni un magistrado ni un secretario siquiera. El trámite se produjo además en torno a las 9.45 cuando los abogados habían sido citados para las 10.30, con lo que ni siquiera pudieron ver a los militantes abertzales, que rápidamente fueron devueltos a la cárcel.

Los letrados no pudieron menos que preguntarse para qué se produjo entonces el traslado desde la cárcel al tribunal madrileño. Y más aún tras constatar que, como suele ser habitual en estos casos, el periplo carcelario ha durado varios días -entre tres y cuatro- y ha tenido diferentes estaciones intermedias. Una duración que no se corresponde con la distancia a la que se encuentran sus prisiones habituales respecto a Madrid. Otegi y Rodríguez están en Logroño, a poco más de tres horas de carretera; y Zabaleta, en Valladolid, a apenas dos horas.

En el ámbito meramente jurídico, ahora se abre la opción de presentar un recurso ante el Supremo, que los abogados ya han comenzado a estudiar. Además de la palmaria falta de prueba de que actuaran a las órdenes de ETA, les ha llamado la atención la insistencia del tribunal en que estos cinco militantes «no han condenado» a ETA, sobre cuya invalidez existe ya numerosa jurisprudencia.