En la víspera de la inauguración oficial de la nueva cárcel de Zaballa por parte de la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Salhaketa y otros agentes que conforman la plataforma contra las macrocárceles comparecieron en Gasteiz. Sus portavoces dijeron que hoy es un día «desafortunado» para Euskal Herria en el que se oficializa la apertura de una prisión, en la que pasarán meses hasta que lleguen los primeros presos, criticando que en ella se han invertido 103 millones de euros y cuyo mantenimiento, en plena crisis económica, costará a las arcas públicas otros 20 millones anuales.

No se olvidaron de citar que, en el proyecto de Zaballa, se ha abierto un «mal precedente» al permitirse la construcción de una infraestructura en un paraje natural sin el pertinente estudio de impacto ambiental. Fue un tribunal el que dio la razón al Gobierno español, en contra de la opinión de la Diputación alavesa gobernada por Xabier Agirre.

Las obras comenzaron en 2009 sin contar con la declaración de impacto medioambiental, al entender el Ejecutivo español que este trámite no era necesario «por ser un proyecto de interés general». Ayer, quienes se han opuesto al mismo, insistieron en que «es un proyecto impuesto».

Desde la plataforma se manifestó que Zaballa, con sus 876 celdas, podrá albergar a cerca de 1.800 presos, de los que el 90% no tienen su residencia establecido en Araba, dándose la paradoja de que la mayoría de los presos alaveses y vascos se encuentran en otras cárceles españolas, con lo que el «desarraigo» es total.

En el caso concreto del herrialde, precisaron que los presos con residencia en Araba son alrededor de 500, por lo que la nueva infraestructura no es para paliar un supuesto déficit de plazas. Además, alertaron de que tienen la sospecha de que la puesta en marcha de Zaballa no va a suponer la clausura inmediata de Langraiz. Apuntaron al respecto, que la vieja prisión fue construida en 1981 y en 1991 se produjo una reforma integral de la misma, por lo que dudan de su cierre.

Desde ELA-Prisiones, por cierto, emitieron ayer un comunicado en el que reivindicaron el derribo inmediato de Langraiz y solicitaron que los terrenos que ocupa pasen a ser gestionados por el Ayuntamiento de Iruña-Oka. «La sociedad vasca, y en especial la alavesa, no debe soportar la coexistencia de estas dos prisiones», subrayaron.

Salhaketa y los demás integrantes de la plataforma denunciaron que frente a los grandes medios de comunicación, «vinculados a las empresas que se han beneficiado por la construcción de la macrocárcel, que hablan de la piscina y del polideportivo, hay que señalar de que la prisión tendrá celdas de aislamiento que nada tienen que ver con el trato digno a los seres humanos». «¡Qué enseñen el módulo de aislamiento!», enfatizaron sus portavoces.

ELA, al igual que la plataforma, señaló que Zaballa «responde a un modelo fracasado que tiene su justificación en intereses exclusivamente economicista. El diseño y tamaño de esta cárcel -resaltaron desde la central- no responde a las necesidades reales que, en materia de respuestas penales a conductas reprochables, tiene la sociedad alavesa». El sindicato apostó por cárceles más pequeñas que ésta.