El independentismo vasco, en los tribunales españoles
Sortu pide al TC que decida a tiempo para concurrir el 20-N
Los abogados de la formación presentarán hoy un escrito de alegaciones en el que solicitan al Tribunal Constitucional que garantice el derecho de Sortu a participar en las próximas elecciones en coalición con otros partidos, si así lo decide. La decisión debe llegar antes del 7 de octubre.
Iñaki IRIONDO | GASTEIZ
La defensa de Sortu quiere garantizar que el partido pueda presentarse a las elecciones del próximo 20 de noviembre en condiciones de igualdad con el resto de fuerzas políticas; es decir, pudiendo constituir una coalición si ésa fuera su opción. Por ello, pide al Tribunal Constitucional que decida sobre la posible inscripción de Sortu en el registro a tiempo para ello.
La legislación determina que las coaliciones deben inscribirse ante la Junta electoral pertinente en los diez días siguientes a la convocatoria de los comicios. Para que las elecciones se celebren el 20 de noviembre, el Gobierno debe aprobar el real decreto el 26 de setiembre, que se publica al día siguiente en el Boletín del Estado. Por tanto, la fecha límite para la inscripción de coaliciones es el 7 de octubre.
La defensa de Sortu recurrió el 18 de mayo ante el Tribunal Constitucional la decisión del Supremo de prohibir su inscripción en el Registro de Partidos. El plazo para la presentación de alegaciones finaliza mañana. Si lo quisiera, el TC tiene tiempo suficiente para tomar una decisión, puesto que en los recursos electorales suele trabajar con plazos más breves, como ocurrió en el caso de Bildu.
En el escrito de alegaciones que presentarán hoy en el Tribunal Constitucional, los abogados Adolfo Araiz e Iñigo Iruin sostienen que, para que su recurso tenga «plena efectividad», la resolución debe conocerse mientras están abiertas todas las opciones electorales para Sortu, incluida la formación de una coalición. Recuerdan que si el TC concede su amparo en fechas posteriores y Sortu no puede presentarse a las elecciones, el daño causado sería irreparable y el perjuicio ocasionado al partido haría perder en parte la propia finalidad del recurso.
Por lo demás, las alegaciones presentadas por la defensa de Sortu dan por reiterado el contenido íntegro del recurso de amparo presentado tras las sentencia de la Sala del 61 del Tribunal Supremo, que consideran que vulnera el derecho de asociación, el de creación de partidos políticos, la libertad ideológica, la libertad de expresión, el derecho de participación política y el pluralismo.
Sobre la «sombra de ETA»
En cualquier caso, Iruin y Araiz sí responden en su escrito a una cuestión que figura en la sentencia del Tribunal Supremo y que estos días está volviendo a ser repetida tanto por la Fiscalía como por la Abogacía del Estado. Se trata de la idea de que «mientras ETA exista y siga armada», la izquierda abertzale, diga lo que diga, y «aunque rompa con la organización violenta, rechazando, incluso, sus métodos y actividades, no podrá ser un actor político normal, equiparable a otros partidos», ya que «la mera subsistencia» de ETA «es en sí misma una amenaza de violencia que altera el normal desenvolvimiento de la actividad de otros partidos».
La defensa de Sortu asegura que este argumento es «jurídicamente insostenible» y para apoyarlo incluyen en su alegación un artículo del catedrático de Derecho Constitucional de la UPV-EHU, Edurado Virgala, publicado en la revista de «Jueces para la Democracia».
Además, Adolfo Araiz e Iñigo Iruin reiteran ante el Tribunal Constitucional el derecho que asiste a sus representados «y a cualquier persona -hubiera tomado parte o no en los partidos o agrupaciones anteriormente ilegalizados- para conformar un nuevo partido político si proclama expresamente su alejamiento de las actividades que sirvieron de base a la ilegalización y se explicita una expresión de ruptura con la violencia de ETA».
Las bases políticas estatutarias de Sortu se presentaron públicamente el 7 de febrero y partidos y medios coincidieron en considerarlas un hito histórico y una autopista hacia la legalización. Sin embargo, el Gobierno de Zapatero optó por impedir el registro del nuevo partido. El Fiscal y la Abogacía del Estado recurrieron y la Sala del 61 del Tribunal Supremo les dio la razón por una apretada votación de nueve magistrados contra siete, que firmaron un voto particular común en el que acusan a la mayoría de ir «mucho más allá» que la propia Fiscalía.
En su recurso, la defensa de Sortu ha utilizado los argumentos que ya defendieron estos siete magistrados del Supremo, además de otras consideraciones del propio Tribunal Constitucional contenidas en el auto que permitió la presencia electoral de Bildu en los comicios municipales y forales.
es la fecha límite que tiene cualquier coalición de partidos para comunicar a la junta electoral pertinente la denominación de la lista, las normas de funcionamiento y los nombres de los responsables internos.
Ayer ofrecíamos el mensaje transmitido por los encarcelados y su dibujo alegórico. Hoy reproducimos la firma y el mensaje que, de su puño y letra, estampó Arnaldo Otegi en el documento que le presentaron en los calabozos de la Audiencia Nacional para la notificación de su condena de diez años de prisión.
ELA anunció ayer que se suma a la manifestación convocada para el próximo sábado en Bilbo en protesta por la condena de diez años y ocho años de cárcel impuesta por la Audiencia Nacional a Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Arkaitz Rodríguez, Sonia Jacinto y Miren Zabaleta. Por contra, el PNV anunció que no estará presente porque lo considera un «acto preelectoral».
A través de un comunicado, ELA pidió a sus militantes y simpatizantes que se sumen a la movilización convocada para el sábado en contra de una sentencia que el sindicato califica como «un despropósito jurídico y una barbaridad se mire por donde se mire». Además, su secretario general, Adolfo Muñoz, reclamó al Estado español que haga «lo posible y lo imposible» para que los encarcelados por este caso salgan a la calle, porque «tienen todo el derecho del mundo a hacer política en libertad».
En una rueda de prensa en Bilbo, Muñoz denunció que la resolución judicial «no demuestra nada» y añadió su convicción de que, aunque no hubiera habido juicio, la demanda fiscal y la instrucción se «hubiesen elevado a sentencia sin más». Puso como ejemplo los testimonios que prestaron tanto él como su antecesor, Joxe Elorrieta, en la vista oral y que fueron «despachados sin más» y «no se han tenido en cuenta» porque, según el tribunal, «somos amigos y compartimos fines», un argumento que ha llevado a Muñoz a asegurar que «es una vergüenza que tengamos unos tribunales que tienen la decisión tomada ya antes de que empiece el juicio de cuál va a ser el fallo».
En opinión de ELA, el proceso no debería haberse producido «nunca» y si se ha llevado a cabo es «porque el Gobierno español lo ha querido». Por ello, y «en términos estrictos de justicia y sin ninguna connotación partidaria», ha reclamado la puesta en libertad de los encarcelados.
Al contrario que ELA, el PNV anunció que no acudirá a la manifestación, pese a ser críticos con la condena. En declaraciones a Onda Cero, el presidente del BBB, Andoni Ortuzar, afirmó que a la protesta no asistirán representantes de su partido. «Es una manifestación -dijo- que tiene una clara significación política y que tiene detrás una opción electoral concreta convocándola. Nosotros, con independencia de que hemos hecho un juicio muy crítico de la sentencia, no nos sentimos llamados a esa manifestación».
El dirigente jeltzale señaló que «ni tan siquiera nadie» se ha puesto en contacto con ellos para que se sumen a la marcha, e indicó que la izquierda abertzale «está en su derecho de convocar esas manifestaciones, pero es evidente que, en la situación política que tiene Euskadi, también se convierte en un acto electoral o preelectoral».
Además, Ortuzar pidió «valentía y coraje» a la izquierda abertzale para que exija a ETA que «dé los pasos ya» para su disolución. GARA
Durante la presentación de su biografía, el presidente del PP y candidato a la Moncloa, Mariano Rajoy, señaló que si llega al Gobierno aplicará «de forma más rigurosa la Ley de Partidos, que faculta a expulsar a Bildu de las instituciones». Insistió en la consigna de que «ETA tendrá enfrente al Estado de Derecho».
El Partido Popular no quiere dejar pasar este aspecto en estos momentos de campaña, por lo que ayer transmitió la idea a todos sus cargos y directivos, acompañada del mensaje de que «como ministro del Interior, Mariano Rajoy combatió el terrorismo con una política de acoso que provocó muy buenos resultados».
Por su parte, la presidenta del Gobierno de Nafarroa, Yolanda Barcina, aseguró ayer que los actos de Bildu en las instituciones donde ha logrado representación recuerdan «los tiempos más negros de Batasuna» y que cabe instar a su ilegalización con ejemplos como el del alcalde de la localidad navarra de Leitza, procesado por «enaltecimiento del terrorismo», a su juicio «un buen indicador» de que son «el brazo político de ETA».
Barcina criticó que «se ha vendido a la ciudadanía un final de ETA que nunca acaba de llegar» y aseguró que la legalización de Bildu ha supuesto un paso atrás. A su juicio, «es necesario no dejar de exigirles a ellos como a los propios terroristas que pidan perdón a las víctimas y a sus familias y que quede claro quiénes han sido los vencedores y quiénes los vencidos».
También mostró su deseo de que Sortu no sea legalizado por el Tribunal Constitucional y apoyó la condena a Arnaldo Otegi y el resto de líderes de la izquierda abertzale. GARA
