El compromiso del Colectivo de Presos Políticos Vascos con el Acuerdo de Gernika supone, y así lo han reconocido el Gobierno español y casi todo el espectro político, un importante paso en el camino hacia una solución con garantías y, por tanto, hacia la paz. Una paz necesaria y ansiada por este país, cuyo principal obstáculo en estos momentos no es otro que el inmovilismo de los poderes del Estado, visualizado en la actitud del PP y el PSOE, incapaces de mirar más allá del horizonte de unas elecciones.

No es de recibo la respuesta del candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, al paso dado por EPPK pues, si bien reconocía la importancia del mismo, afirmaba que la cuestión de los presos no podrá tener una salida colectiva. Vista su trayectoria, no es mucha la credibilidad con que cuentan Rubalcaba o el propio Estado, y saben, o deberían saberlo, que esa salida ha de ser, en efecto, colectiva. El ex titular de Interior se escudaba en las leyes españolas a la hora de decir que no es posible la amnistía; no se trata, sin embargo, de entrar en un conflicto semántico, sino de voluntad de encontrar soluciones. Y éstas no pasan por los criterios que ayer expuso el ex ministro. Para empezar no tienen más que aplicar precisamente sus propias leyes; es decir, hacer lo que ya deberían haber hecho. Ese es el paso que le corresponde dar ya al Estado, dejando sin efecto la aplicación de facto de la cadena perpetua, liberando a los presos enfermos y dando fin a la política de dispersión.

El proceso irlandés puede servir para extraer lecciones aplicables a éste. No son procesos idénticos, pero tanto las actitudes como concretamente la metodología para solucionar el problema de la existencia de cientos de prisioneros a consecuencia del enfrentamiento armado pueden ser elementos a tener en cuenta. Ahora bien, conocida la actitud del Estado español hasta el momento, la movilización social se revela clave para lograr que los poderes del Estado abandonen su cómodo y, sobre todo, irresponsable inmovilismo.