El debate sobre el futuro de los presos políticos vascos se ha abierto, aunque sea de modo muy genérico, tras la decisión del Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK) de suscribir el Acuerdo de Gernika, dada a conocer el viernes y ratificada con la firma del domingo.

Al contrario que en otras ocasiones en que ha calificado los pasos dados desde la izquierda abertzale con el latiguillo de «insuficientes», en esta ocasión el Gobierno español y el PSOE no han podido ocultar la trascendencia presente y futura del movimiento de los presos. Si el sábado diferentes portavoces del partido resaltaban el anuncio de EPPK como «insólito» e «importante», ayer el presidente del Ejecutivo español, José Luis Rodríguez Zapatero, lo definía como «un paso significativo hacia el final de la violencia».

«Con toda la prudencia que esta materia exige, estamos acercándonos sin duda a ese momento», dijo Zapatero a preguntas de los periodistas. Añadió que en esta nueva situación en que siente «la convicción de que el final está cerca, tenemos que extremar la responsabilidad, el hacer bien las cosas y, sobre todo, la unidad de todos los demócratas».

Mientras tanto, quien ya le ha tomado el relevo de facto al frente del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, se declaraba «prudentemente satisfecho» por la decisión de Euskal Preso Politikoen Kolektiboa, sobre la que considera que «es un paso más, aunque no el definitivo, que será cuando ETA lo deje».

«No existe y no va a existir»

En declaraciones a Canal Sur Radio, Rubalcaba fue más allá y aludió a las opciones futuras para abordar la situación de los presos políticos vascos.

Antes que nada quiso dejar sentado que la opción de la amnistía «no existe y no va a existir», y justificó esta afirmación en que «no hay amnistía según nuestra Constitución».

Dicho esto, añadió que sí hay «un Código Penal que tiene determinados tipos de previsiones individuales y que se aplica a todos los presos de este país». En consecuencia, se mostró en contra de una «salida colectiva».

La declaración parece responder punto por punto a la posición expresada por EPPK en su comunicado. En la primera parte del mismo, el Colectivo reivindica la necesidad de «colocar la política carcelaria en clave de resolución del conflicto» dentro de una dinámica que «necesariamente tenga como dirección y referencia la amnistía total».

Más adelante, los presos políticos vascos inciden en que rechazan las «soluciones y beneficios personales» que sean ofrecidos «por un sistema carcelario construido para destruir nuestra identidad política y humana». EPPK añade que sus decisiones siempre han sido colec- tivas y han estado al servicio de objetivos como el reconocimiento y la soberanía de Euskal Herria, para remarcar que «así será también en el futuro».

Por lo que respecta al Acuerdo de Gernika, su contenido menciona también la amnistía como marco final, pero en el primer estadio de búsqueda de un escenario democrático reclama medidas más concretas y urgentes como el cese de la dispersión, la liberación de presos enfermos, la concesión de libertades condicionales y provisionales, la derogación de la doctrina de alargamiento de condenas y «la aplicación sin restricciones ni arbitrariedades de los beneficios penitenciarios». Se trata, pues, de una batería de medidas que supondría un cambio total en la política penitenciaria y abriría la puerta a un buen número de excarcelaciones a partir del simple cumplimiento de derechos reconocidos en la legislación española actual, pero no aplicados en la práctica.

Rajoy no se pronuncia

Tras las intervenciones de Zapatero y Rubalcaba, también el candidato del PP a La Moncloa, Mariano Rajoy, fue interpelado por la cuestión, y la despachó afirmando que no le parece que el comunicado de EPPK suponga «un cambio sustancial».

Rajoy afirmó que «lo relevante, lo importante, lo noticiable y lo que va a merecer comentario por mi parte, y Dios quiera que sea pronto, es que ETA anuncia su disolución como banda terrorista», añadió. Con ello, el líder del PP mostró que no quiere fijarse a sí mismo compromisos y posiciones que puedan suponerle un lastre si le toca gestionar el asunto desde La Moncloa.

Así, mayor cerrazón que en estos líderes de primera línea se evidenció en las declaraciones del todavía fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, o en las del presidente del Congreso, José Bono. El comunicado de EPPK que ha sido saludado como un paso positivo por casi todo el PSOE fue rechazado por Conde-Pumpido con palabras gruesas como «es intolerable» o «me parece una vergüenza, sinceramente». En cuanto a Bono, en su línea, defendió que los presos «tienen que cumplir hasta el último día de cárcel, porque han asesinado mucho. Lo digo con rabia porque he ido a suficientes entierros como para no olvidar a las víctimas ni tener la mínima compasión con los verdugos».

El PSN se posicionó en una línea más constructiva. Para Juan José Lizarbe, portavoz parlamentario, «es un hecho positivo que esperemos que sea antesala de otras decisiones».