El Juzgado de lo Social número 2 de Bilbo impone a la propietaria del astillero Izar Construcciones Navales, en liquidación, al INSS y a la Tesorería General de la Seguridad Social un recargo del 50% de las prestaciones a la viuda de Alberto Revuelta Capellán, que falleció en octubre de 2009 a causa de un mesotelioma maligno, producido por el amianto.

Trabajó en el astillero Euskalduna en Olabeaga de Bilbo y la sentencia reconoce la responsabilidad del astillero «del incumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad e higiene en el trabajo». El fallo judicial precisa que entre los años sesenta y setenta «el amianto fue utilizado profusamente en los aislamientos de los puntos calientes, empleándose como material aislante en tuberías y mamparas» y hasta 1982 no comenzó a sustituirse «como material aislante en los buques construidos en fechas anteriores y de cuya reparación se encargaban también las empresas demandadas».

Aunque admite que la empresa realizaba controles médicos, «no informó a los trabajadores sobre los riesgos derivados de la exposición al amianto» y «nunca se realizaron por parte de la empresa mediciones de las partículas de amianto, ni se emplearon sistemas de extracción localizada en los procedimientos de manipulación de amianto».

La sentencia reconoce el mal proceder de los astilleros en cuanto a la prevención.

«Mesotelioma maligno»

Por otro lado, el Juzgado de lo Social número 4 de Donostia obliga a CAF a pagar una indemnización de 107.009,52 euros al trabajador José García Ortega. Es menos de la mitad de lo que había solicitado por el perjuicio que le causó la exposición al mineral cancerígeno en esa empresa ferroviaria.

El juzgado sólo atiende a la demanda de las secuelas, nada que ver con los efectos y trastornos que el trabajador ha sufrido en su vida a causa del mesotelioma.

El trabajador acudió el pasado 18 de enero a Osakidetza donde le diagnosticaron un mesotelioma epiteloide, y en marzo la Seguridad Social le reconoció la incapacidad permanente absoluta. Este hecho hizo que el juzgado no atendiera todas las reclamaciones económicas del trabajador contra CAF. En el grupo CAF han fallecido más de 52 trabajadores afectados por amianto en los últimos años y cuenta con numerosas sentencias en contra debido a que no utilizaron medidas preventivas en contra del amianto, muy utilizado en la actividad industrial.