El atrio de la Royal Dublin Society tembló ante los aplausos de centenares de republicanos. Puestos en pie, aplaudían a los cuatro hombres que el líder de Sinn Féin presentó como «nuestros cuatro Nelson Mandela». Martin O'Connell, Edward Butler, Harry Duggan y Hugh Doherty, los cuatro miembros del IRA, condenados a entre doce y once cadenas perpetuas cada uno por la autoría de varias acciones con artefactos explosivos en Londres, habían sido trasladados dos días antes desde cárceles de alta seguridad británicas a la prisión irlandesa de Portlaoise, al sur de Dublin, y gozaron de un permiso especial para participar en una conferencia clave para el proceso de paz irlandés. Fue ante los delegados, algunos con lágrimas en los ojos como el histórico líder del IRA Joe Cahill, donde los cuatro hombres disfrutaron de sus primeras horas de libertad después de 23 años de cárcel. Y fue su presencia, junto con la de otros presos y presas del IRA que viajaron esa mañana desde cárceles norirlandesas, la que selló el apoyo de Sinn Féin al recién rubricado Acuerdo de Viernes Santo.

Era el 18 de abril de 1998, y ocho días antes Sinn Féin había firmado el pacto. Aquel fin de semana era definitivo para el proceso de paz irlandés, y los líderes del movimiento republicano sabían que para convencer de la necesidad de su apoyo a los delegados que se reunían en Dublín necesitaban una prueba tangible de los beneficios que el documento les iba a reportar. Y esa prueba fue la presencia de sus prisioneros más simbólicos. O'Connell, Butler, Duggan y Doherty serían liberados finalmente en 1999, bajo los términos del Acuerdo, y junto con ellos lo fueron todos aquellos involucrados en la lucha armada en el norte y sur de Irlanda, así como en Gran Bretaña.

Desde el principio de las negociaciones, el movimiento republicano tuvo en mente el papel de sus presos. El reconocimiento tácito del estatuto político facilitó que en las prisiones irlandesas los presos de las organizaciones armadas republicanas y lealistas contarán con la libertad de organizarse, edu- carse y, lo que es más importante, informarse y participar en las negociaciones.

En el momento del Acuerdo de Viernes Santo, el número de republicanos en cárceles en EEUU, Gran Bretaña, Irlanda y Europa no superaba los 300, pero aun así el compromiso para su liberación fue una de las negociaciones más duras durante el proceso, debido a la presión de asociaciones de víctimas del unionismo más conservador.

Bajo los términos del Acuerdo de Viernes Santo, los miembros de organizaciones armadas encarcelados podrían finalmente beneficiarse de una libertad condicionada simpre y cuando sus organizaciones «estable- cieran o mantuvieran un alto el fuego inequivoco y completo». Alrededor de 400 presos unionistas y republicanos fueron liberados. Algunos constataron pronto que los términos de su libertad dejaban bastante que desear porque esta libertad condicionada distaba mucho de ser una amnistía.

Ello significa imposibilidad para la adopción, para conseguir créditos o seguros, visados de viaje e incluso, en ciertos casos, para lograr empleos debido a la vigencia de su ficha policial. Bajo los términos de la «licencia» bajo la que se establece su libertad, cualquier infracción significa su retorno a la cárcel, como ha sido el caso de Brendan Lillis, reencarcelado en 2009 acusado de un robo por el que no pudo ser juzgado debido a su estado de salud. Lillis permaneció encarcelado a pesar de la artrosis degenerativa que le mantuvo en cama durante 18 meses, hasta su traslado a un hospital de Belfast el pasado mes de agosto. En una situación similar de revocación de licencia se hallan activistas republicanos asociados con grupos disidentes, algunos encarcelados por expresar opiniones criticas al proceso de paz.

En cuanto a refugiados y huidos, al no existir el concepto de amnistía estos se encuentran en un limbo legal, por lo que su entrada en jurisdicción británica podría conllevar su arresto y encarcelación. Esta es una cuestión que se sigue debatiendo dentro del movimiento republicano, que propone un tribunal de la verdad y la reconciliación similar al establecido en Sudáfrica, mientras que el Gobierno británico propugna un proceso de carácter judicial.