La represión de una marcha indígena en defensa de un parque natural originó ayer protestas en toda Bolivia y la renuncia de la ministra de Defensa, Cecilia Chacón, que rechaza la actuación policial ordenada por el Gobierno de Evo Morales.

Sindicatos, asociaciones indígenas, partidos de oposición y grupos ecologistas y de defensa de los derechos humanos organizaron vigilias, huelgas de hambre y bloqueos para respaldar a los indígenas, y la Central Obrera Boliviana convocó a una huelga general para mañana.

La ministra de Defensa renunció a su cargo de forma «irrevocable» porque, según explicó en carta enviada a Morales, no comparte la decisión de reprimir la marcha de unos 1.500 indígenas cerca del pueblo de Yucumo, a más de 300 kilómetros de La Paz.

Chacón cree que para resolver el conflicto, que deteriora la imagen de Morales como indigenista y ecologista, había otras alternativas «en el marco del diálogo, respeto a los derechos humanos, no violencia y defensa de la Madre Tierra». La Conferencia Episcopal católica lamentó en un comunicado el fallecimiento de un niño, así como casos de pesronas desaparecidas.

Sin embargo, la Policía y el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, negaron esta muerte y las desapariciones. Centenares de policías disolvieron la marcha el domingo con gases lacrimógenos y porras, detuvieron a sus dirigentes y trasladaron los indígenas en autobuses hasta pueblos cercanos, para enviarlos en aviones a sus comunidades. Sin embargo, en la localidad de Rurrenabaque, a donde llegaron los agentes con detenidos, la población ocupó el aeropuerto del lugar y liberó a varios de los líderes de la protesta, informó a Efe el alcalde del lugar, Yerko Núñez.

Carretera

Las etnias amazónicas se oponen a que la carretera parta en dos el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), reserva natural de 1,2 millones de hectáreas, pues temen que sea destruida por madereros y productores de coca. En La Paz cientos de manifestantes asediaron la plaza Murillo, donde están la Presidencia y el Palacio Legislativo, pidiendo la renuncia de Morales y de Llorenti. También hubo protestas en Cochabamba, Santa Cruz, Sucre y otras ciudades, en las que diversos colectivos ocuparon calles y plazas para rechazar la represión ordenada por el Gobierno de Morales.

Llorenti dijo que la actuación policial se llevó a cabo en el marco de la constitución y ordenamiento jurídico con el fin de garantizar la vida de los marchistas y pobladores de Yucumolos, y añadió que se investigarán posibles abusos de forma individual.

«Este gobierno se ha hecho elegir haciéndose llamar defensor de los derechos humanos. ¿Qué ha hecho por nosotros? No ha respetado nuestros derechos. Ni en el gobierno de la extrema derecha nos han tratado como nos está tratando este gobierno», dijo Justa Cabrera, dirigente de la Confederación de Mujeres Indígenas,

Los partidos de oposición Movimiento Sin Miedo (centroizquierda) y Unidad Nacional (centro) también se pronunciaron contra la represión y anunciaron juicios a los responsables del Gobierno.