Desde que el pasado 10 de enero ETA anunciara un alto el fuego «permanente y general, que pueda ser verificado por la comunidad internacional», el Gobierno español ha rechazado la posibilidad de que, efectivamente, agentes internacionales se implicaran en esa labor. La negativa tenía su razón de ser en la constatación de que una verificación internacional, que confirmara que la organización armada mantiene sus compromisos de alto el fuego, desnudaría a su vez a un Estado que mantiene invariable su política represiva. Quedaría en evidencia que la de los estados es la única violencia que hoy se ejerce en Euskal Herria.

A pesar de ese veto gubernamental, el 27 de marzo ETA expresó su disposición a someterse a un mecanismo de verificación «no formal», que avalara, no sólo ante la sociedad vasca, sino ante el mundo, el alcance del histórico anuncio de enero. Ayer, la Comisión Internacional de Verificación (CIV) fue presentada a la opinión pública. El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero ha querido poner puertas al campo en todo este tiempo. Porque, si bien es cierto que una disposición diferente por parte de las autoridades españolas haría mucho más fácil el camino, nadie puede impedir que el proceso avance. Madrid pretende detener el tiempo, impedir que se abra un nuevo ciclo, pero a estas alturas ya debería haber asumido que el cambio es irreversible.

La entidad y el reconocimiento internacional que acreditan los cinco miembros de la CIV, así como la persona que ejercerá de coordinadora del grupo, harán que al Ejecutivo español le resulte complicado descalificar o aun ignorar sus conclusiones. Ronnie Kasrils, Ray Kendall, Chris Maccabe, Ram Manikkalingam, Satish Nambiar y Fleur Ravensbergen tienen ante sí un trabajo muy importante, que ayudará a consolidar el proceso de soluciones. Bien harían los mandatarios españoles en dejar de poner obstáculos y actuar de forma responsable. De lo contrario, quedarán retratados.