Los tribunales militares de excepción bahreiníes rechazaron la apelación y confirmaron la pena de cadena perpetua contra siete dirigentes de la oposición democrática chií, condenados por intentar «derrocar la monarquía».

La Corte de Apelación confirmó además penas de entre dos y 15 años de cárcel contra otros siete condenados.

Todos ellos forman parte de un grupo de 21 opositores condenados. Los otros siete -uno de ellos condenado igualmente a prisión de por vida-, están en búsqueda y captura.

El grupo fue condenado por haber «creado y dirigido un grupo terrorista con el objetivo de modificar la Constitución y el régimen monárquico (...) por la fuerza», de haber «estado en contacto con un grupo terrorista extranjero que actúa en beneficio de un país extranjero al llevar a cabo actos hostiles contra el régimen de Bahrein».

Toda una parafernalia antijurídica para criminalizar la lucha de estos opositores durante la revuelta popular que entre febrero y marzó exigió el fin del régimen de la dinastía suní de los al-Jalifa y la instauración de la república.

La revuelta, en la que participaba la oprimida mayoría chií del país y las fuerzas de izquierda, fue ahogada en sangre por el régimen con la ayuda de los tanques saudíes.

Purgarán cárcel de por vida el líder del movimiento Haq, Abdelwahab Hussein, el líder del movimiento Wafa, Abdeljalil al-Singace y el militante en defensa de los derechos humanos Abdelhadi al-Jawaja, este último con nacionalidad danesa.

Pese a su condición confesional suní, Ibrahim Chérif, líder del movimiento de izquierda laico Waed, fue condenado a cinco años de cárcel.

Denuncian torturas

Los familiares de los condenados han denunciado que los procesados fueron torturados. La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) instó a liberar a todos los condenados y denunció que su proceso «fue arbitrario y no respetó el principio judicial de equidad».

Los tribunales habilitados por la ley marcial están juzgando en las últimas semanas a decenas de militantes opositores que participaron en las protestas, lideradas lógicamente por la mayoría chií del país, que siguen bajo el yugo de la dinastía suní de los al-Jalifa.

La represión de la revuelta popular dejó un saldo de decenas de muertos, 24 según el régimen, que se apresuró a apuntar a la mano de Irán para desvirtuar las protestas.