El Gobierno español decidió no subir la tarifa eléctrica de último recurso (TUR), a la que están acogidos la mayoría de los consumidores domésticos, pese a que el resultado de la subasta que fija la parte correspondiente al coste de la energía apuntaba a un incremento en torno al 6%.

Para poder congelar el recibo, el Ejecutivo bajará la otra partida que compone la tarifa, los denominados peajes de acceso, que sirven para retribuir el uso de redes o las primas a las energías renovables, entre otros conceptos, y donde existe un déficit.

La patronal eléctrica Unesa advirtió de que la decisión aumenta ese déficit y es un engaño a los consumidores, ya que lo pagarán más adelante. Las asociaciones de consumidores mostraron sus reservas sobre el método de subasta.