Estamos ante un inicio de curso muy complicado para el movimiento sindical y otros movimientos sociales. Hemos vivido una situación de «nocturnidad y alevosía» por parte del derechoso gobierno del PSOE (y del aún más derechoso PP, esta vez sí unidos). Y no hemos sido capaces, aún, de dar la respuesta necesaria. En agosto, con nuestras defensas bajas, añadieron dos graves ataques -reformas, dicen- a los propinados desde el inicio de la crisis. Le han dado prioridad a recortar el déficit público y devolver las deudas, agachando sumisamente la testa ante las instituciones financieras (BCE, FMI...) y los gobiernos de Alemania y Francia y, por el contrario, machacando a su propia ciudadanía.

La reforma exprés de la Constitución y los nuevos cambios en la contratación laboral son los últimos ofrecimientos de los sumisos poderes políticos del Estado español para aplacar a los mercados. Vano intento. Las medidas ya han sido tachadas de insuficientes por quienes mandan en el mundo.

Como las que venimos sufriendo desde 2009, que no sirven para modificar la situación de crisis (de hecho se está agudizando: hay quien dice que el Estado está cercano a la «quiebra técnica»), pero sí acentúan los problemas de quienes menos tienen: más de 4,1 millones de personas paradas (más de 182.000 en el sur de Euskal Herria), precariedad laboral en aumento, deterioro de los servicios públicos (asistencia social, sanidad, enseñanza...), derechos laborales en retroceso.

La reforma de la Constitución impone límites restrictivos a la capacidad de endeudamiento de las administraciones públicas (central, autonómicas, ayuntamientos...). Esta medida, con toda probabilidad, será enormemente lesiva para los derechos sociales que sustentan el llamado estado de bienestar: siguiendo la lógica actual, serán sus costes los que se reducirán. Sirva como ejemplo que mientras el presupuesto del TAV sigue en aumento, los recortes son evidentes en educación y sanidad.

Ha sido una reforma con graves carencias democráticas. Se ha cocinado entre PSOE y PP, negando el debate a la población y hurtando su capacidad de decisión mediante referéndum. La hasta ahora sacrosanta Constitución, no modificable a petición de los pueblos catalán o vasco, sí lo ha sido a exigencia de gobiernos «extranjeros». ¡Pobre orgullo hispano!

Por otro lado, el Real Decreto-ley 10/2011 de 26 de agosto es una nueva vuelta de turca ante el fracaso de la reforma laboral de 2010: el desempleo y la temporalidad han crecido desde entonces, ni siquiera los nuevos y más baratos contratos indefinidos aumentan y no mejora la contratación de gente joven.

Contempla una medida, obligada y temporal, positiva en relación al subsidio de los 400 euros mensuales. El resto es negativo: se precariza más la contratación (al suprimir la salvaguarda contra el encadenamiento de contratos eventuales), se eleva la edad para contratos de formación y aprendizaje, se amplían los pagos con dinero público -Fogasa- para despidos objetivos... No es garantía de creación de empleo; pero sí abarata la mano de obra. Al seguir degradando las condiciones de empleo, desequilibra aún más la balanza hacia el lado del Capital.

La juventud, ya de por sí precarizada en el mercado laboral, va a ser de nuevo pagana. Triste futuro el ofrecido por el poder: precariedad, imposibilidad de acceso a una vivienda, frustración de los proyectos de vida.

Ante esta situación, manejar ideas como «un despido más barato favorecerá la creación de riqueza y puestos de trabajo» (CEOE), «más vale un empleo precario que un parado» (Gobierno estatal) o «el diálogo social es la solución» (CCOO y UGT)... que beben de la misma fuente (las recetas de los «mercados»), es como mínimo impresentable. Y la salida no va a venir por el crecimiento económico: la CE sigue previendo una ralentización, mientras el FMI nos presenta un panorama «gris y turbulento».

En ESK creemos que hay que actuar justo en sentido contrario: en base a repartir la riqueza y los trabajos, levantar una sociedad igualitaria y justa, menos materialista y más solidaria (también en relación a los países empobrecidos). De momento, que pague más quien más tiene (una profunda reforma fiscal) y que se atienda mejor a los sectores de población más desfavorecidos.

Nada de esto tiene que ver con perder derechos laborales o precarizar más el empleo. El gran fraude a la sociedad lo están haciendo sus sectores más pudientes, no las personas inmigrantes, paradas...

Evidentemente, ni avanzar en este sentido, ni siquiera frenar las agresiones, es posible sin una gran movilización social. En el ámbito estatal ya se están fraguando movilizaciones, por parte de lo más combativo del sindicalismo (aunque sea minori- tario) y otros sectores sociales (ahí está el 15M).

En Euskal Herria, la capacidad movilizadora del sindicalismo consecuente, cuando se decide a hacerlo, es innegable; se viene mostrando desde el inicio de la crisis: huelgas generales, manifestaciones...

Pero lo hecho ha sido, claramente, insuficiente. Necesitamos retomar la lucha, de modo más continuado y profundo, ya que tampoco aquí hemos conseguido frenar el ataque y todo indica que éste va a arreciar (ver, si no, las nuevas medidas del Gobierno vasco, su ataque a la Renta de Garantía de Ingreso... o los recortes del Gobierno navarro en Educación...).

Sea por las medidas ya impuestas, sea ante el cercano debate y aprobación de los presupuestos autonómicos, tanto en Nafarroa como en la CAPV, hay que ir pensando en poner toda la carne en el asador.

El movimiento sindical combativo, los movimientos sociales, la ciudadanía en definitiva, ¡movilicémonos!