El personal sanitario en Catalunya se planta y anuncia huelgas en octubre
Quirófanos cerrados, listas de espera insostenibles, urgencias saturadas y, como guinda del pastel, un recorte salarial de hasta el 50% para diciembre. Al personal sanitario del Principat se le acaba la paciencia y esta semana ha anunciado movilizaciones para presionar a un Govern que no quiere dar su brazo a torcer. El jueves paralizaron el centro de Barcelona y ya preparan paros durante la campaña electoral.
Beñat ZALDUA | BACELONA
El anuncio, a principios de esta semana, de un recorte salarial de hasta el 50% en la nómina del mes de diciembre ha sido la gota que ha colmado el vaso. El personal sanitario del Principat ya no aguanta más y cuatro de las plantillas de ocho grandes hospitales gestionados por el Institut Català de la Salut (ICS) han anunciado que convocarán diversas huelgas durante la campaña electoral.
El jueves por la mañana fueron los propios médicos, enfermeras y celadores los que ocuparon el ICS y boicotearon las negociaciones entre los sindicatos mayoritarios y autoridades, que siguen pidiendo más y más esfuerzos a los trabajadores de la salud.
Por la tarde, fue el turno de protesta de los Médicos Internos Residentes (MIR) que se quejan de una formación insuficiente, ya que no puede practicar debido a la gran cantidad de quirófanos cerrados.
Listas de espera
Pero el recorte salarial temporal no es más que la punta del iceberg. No es, ni mucho menos, el principal problema de la sanidad catalana. De hecho, algunos sectores se han mostrado dispuestos a negociar una rebaja salarial, a cambio de que no se recorten en nada los servicios actuales.
En el Hospital de Bellvitge (Barcelona) un grupo de médicos se ofreció esta semana a operar gratis para reducir las listas de espera, que en algunos hospitales están tomando dimensiones preocupantes.
Mientras en el debate de Política General, celebrado por el pleno del Parlament estos días, el president, Artur Mas, hablaba de «normalidad» en la sanidad, los profesionales denunciaban que las listas de espera se han doblado durante el verano y que enfermos, entre otros casos, de cáncer de pulmón, están teniendo que esperar mucho más de lo recomendado para ser intervenidos.
Todo comenzó a finales de primavera, cuando la Generalitat anunció que durante el verano la actividad en los centros de salud se reduciría mucho más que de costumbre.
El problema se ha agravado ahora, ya que muchos servicios siguen cerrados. Desde la Confederación General de Trabajadores (CGT), Paloma Lacalle denuncia que en Bellvitge «los quirófanos siguen sin abrirse por la tarde». Pero no sólo es eso: «una UCI y la cirugía cardíaca, que tenían que haber abierto, todavía permanecen cerradas, igual que una planta de traumatología», añade.
Sobre las consecuencias para los ciudadanos, Lacalle no duda: «El usuario ya está notando los recortes. En Bellvitge las urgencias están colapsadas, con un déficit diario de alrededor de 40 camas. Sólo en verano se han dejado de realizar 2.500 intervenciones quirúrgicas».
Red primaria
Pero esto sólo en cuanto a los grandes hospitales. Los recortes se notan también en la red de Centros de Atención Primaria (CAP) y en las áreas rurales. Las autoridades ya han anunciado que muchos de los servicios cerrados «temporalmente» en verano no volverán a abrir, mientras que muchos médicos de familia están cobrando hasta 1.000 euros menos por el cierre de las guardias nocturnas.
Pero la peor parte de los recortes en las condiciones laborales se la llevan los trabajadores de los centros concertados. Solo en el histórico Hospital de Sant Pau, en Barcelona, la dirección ha presentado un ERE que afecta a unos 2.500 trabajadores.
Hasta ahora solo los sindicatos más reivindicativos se habían movilizado, pero el enfado y la indignación se están dejando ver ya en todos los sectores y entre algunos de los colaboradores del conseller de Sanitat, Boi Ruiz. Uno de ellos, el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (COMB) y asesor del Govern en materia sanitaria, Miquel Vilardell, consideró «inasumibles» los ajustes.
En la misma línea, el director de Salut Pública, Antoni Plasencia, dejó su cargo a principios de semana, en un acto que muchos han interpretado como una protesta ante las medidas del Govern. Las voces de alarma han llegado incluso de profesionales del resto del Estado.
El presidente del Consejo General de Colegios de Médicos, Juan José Rodríguez Sendín, consideró ayer «éticamente obligatorio» rebelarse contra los recortes.
Huelga en la campaña
En este contexto electoral, los hospitales Vall d'Hebron, Josep Trueta, Bellvitge y Germans Trias i Pujol ya han anunciado huelgas para los meses de octubre y noviembre, a la espera de que se sumen más centros. Lacalle explica que llevan meses organizando acciones muy pacíficas, pero que «no han dado ni un paso atrás, sino que, al contrario, han ido más allá y han anunciado recortes salariales».
Hablando de la huelga y otras posibles acciones, Lacalle se lamenta de que «desgraciadamente, afectarán al usuario, que es quien menos culpa tiene, pero el Gobierno nos está obligando a ello». «Tiene que quedar claro que lo que está en juego es la sanidad pública», sentencia.
Pero los recortes no acaban aquí. La avalancha de reducción de gasto se está cebando también con la Educación y las ayudas sociales. La semana pasada, la presidenta de Entitats Catalanes d'Acció Social, Teresa Crespo, advertía al Govern del riesgo de que se produzca una «explosión social» si no rectifica. Crespo es también la presidenta del consejo asesor de la Generalitat en políticas sociales.
Pero la Generalitat no sólo no ha rectificado, sino que ha ampliado las medidas de austeridad hasta el año 2018, por lo que todos en el Principat auguran un otoño caliente y movido. Más aún cuando el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell ha anunciado que tras las elecciones generales del 20 de noviembre, volverán a poner encima de la mesa el tema del copago de los servicios sanitarios.
«Como en todas las Administraciones, tenemos problemas de tesorería y tensiones, y hemos tardado un poquito más de lo que debiéramos en pagar algún recibo» de la luz. Así explicó el presidente valenciano, Alberto Fabra, que estuviera a punto de sufrir un corte de luz en su propio despacho oficial por falta de pago, y que sólo la negociación con las empresas suministradoras lo impidiera en el último momento, lo que da idea de la situación de las cuentas de la Comunidad Valenciana, ahogada en una de las mayores deudas del Estado español. «Pero, afortunadamente, seguimos teniendo muchas luces para poder resolver los problemas que tienen los ciudadanos de la Comunidad Valenciana», concluyó el presidente de la Generalitat su explicación.
Alberto Fabra, hizo estas declaraciones antes de explicar al rey español la necesidad de «adelgazar» la Administración y las empresas públicas, si bien aseguró que la Generalitat no va a aplicar despidos ni recortes de sueldos a los funcionarios. En este contexto de impagos, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, criticó la «ansiedad» de las compañías eléctricas a la hora de cobrar sus facturas y señaló que no le parece «justo» que estén «amenazando» y cortando la luz a las instituciones públicas.
La primera edil criticó, asimismo, la actitud de las eléctricas cuando al final de año presentan unos ejercicios «con cantidades muy grandes de beneficios». Como respuesta, el presidente de la Asociación Española de la Industria Eléctrica, Eduardo Montes, instó a la alcaldesa a que su administración muestre «con aquellos que están pasándolo mal» la misma solidaridad que exige a las compañías eléctricas. Montes se mostró sorprendido por unas declaraciones que, pese a venir de quien calificó como «una alcaldesa modelo», han sentado muy mal en el sector. Recordó que el propio Ayuntamiento de Valencia embarga cuentas corrientes, bienes inmuebles, salarios, joyas e incluso la devolución de la renta de Hacienda «por aparcar en doble fila», por lo que «no puede quejarse» cuando las compañías eléctricas siguen este «procedimiento habitual».
Uno de estos procedimientos se ha llevado a cabo en una clínica privada que atiende a pacientes derivadas por la Conselleria de Sanidad en Valencia y Castellón, a la que Endesa ha decidido cortar la luz por impago. Mediterrània Mèdica criticó el «comportamiento poco ético» de Endesa, y pidió al Gobierno valenciano, del que depende el 90 % de su actividad económica, que intervenga. GARA
Las protestas y polémicas por la situación económica del Gobierno Castilla-La Mancha, han centrado los cien días que María Dolores de Cospedal lleva al frente del Ejecutivo. La deuda de la Junta contraída con asociaciones, empresas, colectivos y otros proveedores, hizo que algunos de ellos alzara la voz para denunciar los impagos del Gobierno a los pocos días de convertirse Cospedal en presidenta. Especialmente polémico ha sido el caso de los farmacéuticos, quienes el 11 de agosto llegaron a cerrar todas las farmacias de la región -a excepción de las de de Albacete-como medida de protesta. El último día del mes de agosto Cospedal anunció su Plan de Garantías de los Servicios Sociales de Básicos, que supone una reducción del 20% de los presupuestos y pretende ahorrar 1.815 millones de euros entre 2011 y 2012.
El plan incluye la congelación de la oferta pública de empleo, la reducción de liberados sindicales, la venta de algunos inmuebles de la Junta, la paralización de la obra pública, la supresión de organismos públicos y la reducción de las subvenciones, entre otras medidas. Este plan de ajuste también contempla el aumento de dos horas lectivas a los profesores, lo que ha provocado que miles de docentes hayan salido a la calle contra este «tijeretazo» y que los sindicatos STE, CCOO y UGT hayan convocado una jornada de huelga para el 5 de octubre. Por otro lado, la compañía Iberdrola restableció ayer el suministro eléctrico a los dos pabellones polideportivos y la biblioteca de Albacete en los que cortó la luz el pasado 20 de setiembre por las deudas acumuladas del Ayuntamiento, tras el pago que ha efectuado el Consistorio. GARA
