La indignación y la movilización que han denunciado la represión de una marcha indígena contra una carretera amazónica en Bolivia han supuesto un divorcio entre el presidente, Evo Morales y su base popular india, una ruptura anunciada aunque no irremediable.

El Gobierno ha pagado la intervención policial en Yucumo con la dimisión de tres ministros y un viceministro, una ola de condenas y una huelga general. No causó más que algunos heridos, pero ha alterado los ánimos: «Policía contra indígenas. El simbolismo es muy fuerte» tratándose de un presidente aimara, subraya el politólogo Hervé do Alto.

Pero más que la represión es la disputa por la carretera estatal a través del Tipnis, un parque natural de un millón de hectáreas, el que ha marcado un punto de inflexión, según Diego Ayo, politólogo de la Universidad de San Andrés. A su juicio, el conflicto combina las contradicciones de Morales en los temas sobre los que construyó su diferencia: la democracia consultiva, las comunidades, la «Pachamama» (Madre Tierra) y la no sumisión al capital extranjero (en este caso Brasil, que financia de la carretera).

Pero el abismo entre el Gobierno y su base se ha estado gestando durante un año en el conflicto social de julio de 2010 en Potosí, el aumento de los precios del combustible y el aumento del coste vida, según el sociólogo Robin Cavagnoud. «El conflicto no ha hecho más que consagrar las tensiones contenidas» en la mayoría heterogénea de Morales, añade Alto. Pese a ello, muchos grupos que ahora se oponen podrían verle como un mal menor ante la alternativa de la derecha. Ayer unos 3.000 indígenas y campesinos llevaron a cabo en El Alto una marcha en apoyo a la carretera y al presidente Morales.