El consejo de administración en funciones del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa, GHK) decidió el jueves, «casi a escondidas» -como explicó ayer la Diputación de Gipuzkoa-, aprobar el proyecto básico de la incineradora de Zubieta, ubicada en el término municipal de Donostia, así como el de la planta de pretratamiento. La aprobación del proyecto se ha producido justo una semana antes de que se constituya el nuevo consejo de GHK, que reflejará la nueva representación política en las instituciones del herrialde surgida de las elecciones de mayo.

En una rueda de prensa ofrecida en Donostia, el diputado de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Alduntzin, calificó de «muy grave» la decisión adoptada por PNV, PSE, H1! porque va «en contra de la voluntad» de las mancomunidades y los ayuntamientos, con «claro afán torpedeador», y pretende «condicionar» su libre decisión.

No obstante, recordó que a partir del próximo jueves, día en el que se renovará el consejo de administración, GHK adoptará las decisiones que «libre y democráticamente considere convenientes» sobre el tratamiento de los residuos, y añadió que serán «respetadas» por la institución foral.

La decisión de aprobar el proyecto básico de la incineradora de Zubieta fue adoptada por unanimidad -el representante de EB no asistió a la reunión- por el consejo de administración saliente conformado por representantes de PNV, PSE y Hamaikabat -partido que ya prácticamente ha dejado de funcionar como tal- y que preside el jeltzale Carlos Ormazabal, anterior diputado de Desarrollo Sostenible.

Tal y como remarcó ayer Alduntzin, él mismo les trasladó días atrás, tanto en conversaciones personales como por escrito, la «petición expresa» de la Diputación para que no tomaran ninguna decisión al respecto. «Pero lo hicieron -añadió- a pesar de que tenían también el informe del letrado asesor y la secretaria del consejo que les informaba de que era absolutamente improcedente la decisión que iban a adoptar».

En el nuevo órgano rector que se formará el próximo jueves será Bildu quien tendrá la mayor representación como consecuencia de los resultados registrados el pasado 22 de mayo, cuando la coalición abertzale y de izquierdas alcanzó gran parte de los ayuntamientos del herrialde. A este respecto, Alduntzin puso de relieve que PNV y PSE «no han aceptado todavía los resultados» de esas elecciones.

Y comentó que, pese a contar con el informe jurídico que consideraba el acuerdo «absolutamente improcedente», los representantes de esos partidos siguieron adelante. Por su parte, se mostró convencido de que esta actitud es «reprobable éticamente y absolutamente denunciable desde el ámbito político y democrático».

El diputado de Medio Ambiente, al que se le preguntó si sabe cuál va a ser la decisión que adoptará al respecto el nuevo consejo, respondió que no tiene ninguna información porque todavía no se ha constituido ese órgano, pero explicó que el acuerdo adoptado por el consejo en funciones puede ser revocado.

«Cantos de sirena»

Según han publicado algunos medios en los últimos días, las empresas adjudicatarias -la unión temporal (UTE) formada por FCC, Murias, Serbitzu Elkartea, Altuna y Uria, y AE&E Inova- presentaron el proyecto básico el pasado 11 de setiembre.

También se anunció que el Consorcio de Residuos disponía de un mes para efectuar la valoración, además de apuntar a que, de no cumplir el plazo, GHK debería indemnizar a las adjudicatarias con 2,2 millones de euros. Indemnizaciones en las que se han escudado algunos partidos. En cambio, Juan Carlos Alduntzin dijo ayer que no puede valorar «cantos de sirena» que hablan de cantidades tan dispares como «158 millones, 2,2 millones, 200 ó 44». El objetivo de ese baile de cifras es, a su juicio, «alarmar a los guipuzcoanos y guipuzcoanas y condicionar las decisiones», cuando lo primero que habrá que ver es si realmente hay «causa de indemnización».

Respondiendo a otra pregunta, el diputado negó la posibilidad de que se reabra algún vertedero en Gipuzkoa si Bizkaia se niega a recibir más basura en el caso de que se paralice el proyecto de la incineradora.

Denuncia del Pacto de Usurbil

Hora y media antes de la rueda de prensa convocada por urgencia por la Diputación, comparecía, también en Donostia, el Pacto de Usurbil, suscrito por la Coordinadora de Plataformas Antiincineración Gipuzkoa, Gipuzkoa Zero Zabor, Greenpeace, LAB, CCOO, Eguzki, Ekologistak Martxan, ESK, Antikapitalistak, Aralar y Ezker Batua. Esta agrupación de colectivos también denunció la instrumentalización política de GHK.

Calificaron de «muy grave» la aprobación del proyecto básico de la incineradora y acusaron directamente a Carlos Ormazabal, al considerar que el consejo que él dirige ha tomado la decisión «conscientemente, con premeditación y alevosía».

La portavoz de la Coordinadora, María Luisa Sánchez, manifestó que quienes han gobernado el Consorcio hasta la fecha «han vuelto a poner el dinero público en manos de empresas privadas, para rematar una gestión nefasta». «La incineración no es la solución al problema de los residuos, sino que es un sucio negocio que lo utilizan para intereses particulares», destacó Sánchez, al tiempo que volvió a exigir la moratoria de esta infraestructura.

Para finalizar, los allí presentes recordaron que esta decisión no es un acto aislado, sino que pone «punto final» a un sinfín de decisiones que consideran nefastas. «El último adiós de un estilo de gestión cuyo único objetivo ha sido dar opciones de negocio a empresas privadas a costa de la salud y el dinero de los todos los guipuzcoanos y guipuzcoanas», indicaron.