La Corte Constitucional colombiana ha avalado la Ley de Desmovilizaciones por la que, supuestamente, más de 20.000 paramilitares entregaron sus armas. El fallo mantiene las rebajas de condena, así como otros beneficios, entre ellos, el de ser condenados por «concierto para delinquir» sin necesidad de ser detenidos.

Además, establece que los testimonios aportados por los ex combatientes servirán únicamente para documentar históricamente el conflicto, por lo que no tendrán que ser incluidos necesariamente como pruebas en otros procesos judiciales.

A este respecto, los magistrados matizan el concepto de «terceros» que aparece en la ley, indicando que los testimonios de los movilizados no podrán ser utilizados contra sus familiares hasta cuarto grado de cosanguinidad ni contra otros miembros del grupo armado al que pertenezcan.

El Alto Consejero para la Reintegración, Alejandro Eder, ha aplaudido este fallo porque «garantiza la situación judicial de los desmovilizados». Eder llamó a los ex paramilitares a que acudan a la Consejería para la Reintegración antes de diciembre con la finalidad de beneficiarse de la sentencia judicial.

Este dictamen supone un nuevo espaldarazo para el presidente, Juan Manuel Santos, que esta semana ha celebrado la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Se trata de un pacto muy controvertido por las muertes de sindicalistas y denuncias de violaciones de derechos humanos.