El presidente de Elkarkidetza, Jon Zabalia, reclamó ayer en la jornada sobre «Las pensiones y el papel de la previsión social complementaria» que en el debate que se está produciendo en el Parlamento de Gasteiz en torno a la nueva legislación de Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) «se debería de aprovechar y extender el marco legal y tributario de forma adecuada» para «extender la conciencia social para planificar el futuro, de tal manera que sindicatos y patronales prioricen la acción de las EPSV».

Este encuentro contó con presencia internacional, además de las diputaciones vascas, partidos políticos y sindicatos, que debatieron sobre el Pacto de Toledo. Elkarkidetza, entidad de previsión social voluntaria de los funcionarios vascos, conmemora este año su 25 aniversario.

Está afiliada a la EAPSPI (Pensions for the Public Sector) y, como explicó Jon Zabalia, «nacimos con 4.066 socios y somos ya 27.000 en la CAV» y «el patrimonio ha pasado de los 35 millones a los 740 millones». Afirmó que los fondos de Elkarkidetza han conseguido una rentabilidad media del 8,49%, pero reconoció que la crisis condiciona su rentabilidad futura, por lo que pidió «mejoras tributarias para atraer a más socios».

Amaia Aldasoro, vicepresidenta de Elkarkidetza, realizó un resumen de los hitos más importantes en estos 25 años, y destacó que «tenemos que avanzar hacia un sistema más fuerte y abierto».

En la primera parte del encuentro se expusieron varias realidades europeas sobre la previsión social complementaria en Suecia, Alemania, Países Bajo y Estado francés.

El presidente de la EAPSPI, el alemán Wolf R. Thiel, destacó la necesidad de potenciar lo que se denomina el segundo pilar de las pensiones y rechazó las intenciones de la Comisión Europea de obligar a las EPSV a cumplir el mecanismo de Solvencia II, como se hace con los seguros privados.

Todos ellos remarcaron que la salida para garantizar las futuras pensiones pasa por alargar la edad de jubilación -hasta los 70 años- y que se potencien estos sistemas de previsión social «si queremos tener una pensión que nos garantice una calidad de vida cuando nos jubilemos», precisó Thiel. Reconoció que la UE no podrá mantener las pensiones públicas de la misma manera por mucho tiempo.

Entre los cuatro ponentes diferentes situaron la pensión pública entre el 40% y el 60% del total de la pensión que cada uno perciba. Sin embargo, en ningún momento destacaron la necesidad de impulsar la pensión pública, símbolo del Estado del Bienestar en Europa.

Rentabilidad de fondos

Ni Tim Pullman (Estado francés), ni Johan Sjostrom (Suecia), ni Hagen Hügelscháffer (Alemania) ni Wim Moes (Países Bajos) defendieron un sistema público de pensiones completo, incluso recordaron que la crisis económica ha abierto un proceso de cierta incertidumbre, «porque los fondos ya no obtienen la misma rentabilidad».

El holandés recordó que la APG holandesa paga 7.000 millones al año en pensiones a sus asociados, mientras que el representante de la entidad de previsión social sueca, KPA, explicó que «complementa hasta los 3.500 euros a sus asociados, si no llegan con su pensión a esa cantidad».

En el fondo AKA alemán tienen a la iglesia dentro y, en este caso, el moderador Wolf Thiel reconoció que «hace unos años los sindicatos alemanes aceptaron el recorte de las pensiones en un 20% -como ha ocurrido en el Estado español-, porque íbamos a la quiebra». Mientras que el representante francés del CDC indicó que «se debe pensar en el futuro, porque la financiación de las pensiones será difícil».