Son ya muchos los accidentes laborales que se han producido en las obras del TAV. A raíz del quinto y último accidente mortal, acaecido en Tolosa, nos gustaría hacer algunas reflexiones sobre la forma en las que estos desgraciados hechos son tratados desde las instituciones y medios de comunicación. Nuestro objetivo no es otro que apelar a su responsabilidad,

El convenio provincial de la construcción no se cumple. No se cumple ni en obra privada ni en pública; no se cumple para ningún trabajador. Hay un problema de explotación al sector en general, siendo por supuesto el inmigrante el más débil en esta cadena especulativa de derechos laborales. Hoy el sector no especula con los ingresos (porque no puede), especula con los gastos laborales, de ahí sacan las grandes firmas su margen salvaje de beneficios. Y lo hace ante las instituciones, en sus propias obras y mientras se hacen fotografías en inauguraciones bañadas de sangre.

Podemos afirmar que el convenio no se cumple para nadie que quiera trabajar hoy en día en la construcción. Este incumplimiento va a tener unas consecuencias en el sector totalmente impredecibles. Hoy se da un goteo continuo de despidos de trabajadoras y trabajadores fijos, porque en lugar de un contrato fijo pueden llevar adelante tres, en unas condiciones económicas y sociales cuasi infrahumanas. El acceso al mundo laboral de construcción no está regido por la normativa vigente, sino por las condiciones internas de funcionamiento que rigen en cada empresa. Y esto, por supuesto, repercute en falta de medidas de seguridad, de ahí este goteo constante de accidentes mortales o graves que ni siquiera llegan a aparecer en la prensa.

Si analizamos cómo se trató la noticia del accidente de Tolosa en diferentes medios, da la impresión de que este trabajador pasaba por allí con su camión y, «mala suerte», hubo un desprendimiento y cayó. Pero la realidad es que eran las cuatro de la madrugada y que estaba realizando un turno nocturno de 12 horas a todas luces ilegal. Pero ¿por qué no aparece en ningún medio el nombre de la empresa adjudicataria del tramo de obra o el nombre del resto de empresas subcontratadas? El ciudadano de a pie no sabe si era una UTE, una empresa portuguesa subcontratada y mucho menos quiénes son sus responsables. Esto es, no sabe quién se enriquece con esta sangría. Señalar los hechos y sus responsables es hoy un acto de responsabilidad, mínimo compromiso cívico para acabar con este robo organizado de derechos laborales.

La voluntad política para acabar con esta situación hasta hoy es nula. Todo organismo público es consciente del problema. Sólo hay que dar un paseo cada uno por nuestro pueblo o barrio para ver a trabajadores y trabajadoras de la construcción sin las debidas medidas de seguridad, trabajando en turnos interminables (incluso en domingo) en obra privada o pública. Mientras tanto, se da falta total de rigor y seriedad en los emplazamientos que hemos hecho a las inspecciones de Trabajo. En estas circunstancias, el empresario se siente cómodo, y seguirá priorizando el beneficio en sus cuentas a un modelo de relaciones laborales garante de derechos, garante de la salud y seguridad de su plantilla.

Nos corresponde a todos y todas señalar a los responsables de esta situación. Más aún a los medios de comunicación. Para ello LAB siempre tendrá la puerta abierta para dar explicaciones (de lo que sabe y de lo que organizadamente le ocultan) y ayudar a señalar a estos especuladores de derechos laborales en obra privada y los organismos públicos que los protegen en obra pública.

Estamos esperando un cambio en la voluntad política de las instituciones para aportar a la solución del problema. Si hay voluntad, acertaremos en el diseño de los medios garantes, estamos convencidos. Pero la voluntad ha de ser multiinstitucional, deben participar ayuntamientos, diputaciones, gobiernos, como promotores de obra pública que son, e Inspección de Trabajo... Todos y todas debemos actuar desde el firme propósito de acabar con esta sangría. Mientras tanto, seguiremos señalando a los responsables y beneficiarios de este enriquecimiento injusto con salvajes consecuencias y financiado en gran medida por organismos públicos.