Las amenazas a cargos públicos hasta hace escasas fechas merecían contundentes e inmediatas reacciones de todas las instituciones, pero últimamente no provocan la alarma de antes. Una alarma que depende de quién recibe y quién profiere las amenazas. Pasado mañana se debatirá en el Parlamento de Gasteiz una proposición no de Ley presentada por EA en la que se propone que ese Parlamento denuncie las amenazas de muerte recibidas por varios cargos de Bildu y que muestre su solidaridad con los amenazados. Llama escandalosamente la atención que tanto los grupos parlamentarios que tradicionalmente han hecho gala de un afán condenatorio y recriminatorio de quien no se sumaba a sus propuestas en sus términos no hayan sido capaces, en este caso, ni de referirse a una cuestión que siempre han considerado de máxima gravedad.

Contrasta, del mismo modo, la desidia de Interior con la diligencia mostrada en otros casos a la hora de investigarlos. Y resulta inadmisible la actitud del PSE, que pretende desnaturalizar una propuesta al presentar una enmienda a la totalidad en la que omite toda referencia a los amenazados y al grupo político al que pertenecen y, sin embargo, sí citan a ETA sin que vena al caso, de modo que pudiera parecer que esta organización tuviera algo que ver con las amenazas denunciadas. Una actitud similar a la de la presidenta del Gobierno navarro, Yolanda Barcina, que insiste en que «el entorno de la izquierda abertzale» no le ha llamado para lamentar los tartazos que recibió en Toulouse hace días. Un hecho, en cualquier caso mucho menos grave que el accidente que sufrió el pasado agosto la portavoz de Bildu en el Parlamento navarro, que no recibió ni la llamada de Barcina ni siquiera una mención en ese Parlamento.

El intento del PSE de manipular la realidad y el de Barcina de sacar rentabilidad política de los tartazos revelan, además de su doble rasero, la añoranza de una situación en la que no se veían obligados ni siquiera a argumentar ni su inmovilismo ni sus prácticas antidemocráticas.