Gloria, una vecina de Gasteiz de 34 años, divorciada y con dos hijos, tuvo que entregar ayer a la Caja Vital las llaves de su piso de alquiler por no poder hacer frente a los pagos que le reclama la entidad financiera.

La mujer acudió a la sucursal de la calle en la calle Francisco Javier de Landaburu, donde residía, respaldada por integrantes de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas y del 15-M.

Marta Uriarte, portavoz del colectivo de defensa de los afectados, explicó que esta mujer residía en dicha vivienda tras llegar a un acuerdo con Caja Vital, que había pasado a ser la propietaria después de que el ex marido dejara de pagar la hipoteca.

Añadió que Gloria no ha dejado de pagar el alquiler «un solo mes» a la entidad financiera, pero que ésta le reclama 25.000 euros por la liquidación del anterior préstamo, que no pudo pagar tras negarse su ex marido a ingresar la parte proporcional del crédito. Ante esta situación ha optado por entregar las llaves, ya que su madre era avalista y en caso de impago la entidad podría «hacerse también» con su domicilio.

Uriarte manifestó que la situación de Gloria es «insostenible», por lo que instó a Lakua a que se le facilite una vivienda de alquiler social, a la que no ha podido acceder hasta ahora porque la legislación estipula que deben de pasar dos años desde que se deja de ser propietario de una vivienda hasta que se solicita un alquiler social. Gloria cumple con ese requerimiento este noviembre.

Uriarte advirtió del incremento de desahucios registrados en Araba, donde entre enero y junio de 2011 se han producido 256 ejecuciones de hipotecas.

Por otro lado, ayer entró en vigor en el Estado español la Ley de Medidas de Agilización Procesal, que permitirá acelerar los trámites para desalojar a un inquilino por impago del alquiler. Entre otras, esta norma modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) al permitir que, una vez presentada la demanda, el secretario judicial dé diez días al inquilino para que abone la deuda, abandone la vivienda o presente alegaciones.

Si transcurrido dicho periodo el demandado no ha realizado ninguna de las opciones, el secretario judicial procederá directamente a dar fecha para día del desalojo, previa solicitud del propietario.

Hasta ahora, tras la demanda el Juzgado señalaba la fecha del juicio, en la que se reconocía al propietario el derecho a recuperar su vivienda así como la fecha del desalojo, lo que alargaba los plazos meses.