Más allá de las distancias y de los contextos, Argentina ha dado otro importante ejemplo en materia de derechos humanos y memoria histórica. Tras casi dos años, doce ex altos mandos de la Armada han sido condenados a cadena perpetua por crímenes cometidos en la ESMA, uno de los mayores centros de tortura de la dictadura. Tan sólo escuchar su nombre producía escalofríos.

Pero este proceso ha ido más allá de lo meramente judicial. Durante 22 meses, 160 testigos han reconstruido los entresijos de este emblemático edificio bonaerense. Han abordado aspectos largamente postergados por miedo o dolor, como la violencia sexual contra las detenidas o la ingesta de cianuro como homicidio inducido con apariencia de suicidio.

La teoría de los dos demonios esgrimida desde el inicio por las defensas ha quedado superada, mientras que personajes como Alfredo Astiz se han retratado como lo que son. El título del libro con el que entró en la sala el primer día de las audiencias -«Volver a matar»- habla por sí mismo.

Argentina ha asistido a un verdadero ejercicio de memoria y de dignidad. Pero el de la ESMA no es el único. En la misma ciudad, parte de la ex Junta Militar, entre ellos Rafael Videla y Reynaldo Bignone, se sientan desde hace meses en el banquillo de los acusados por el robo sistemático de menores, muchos recién nacidos o de pocos meses de edad.

Parte de la sociedad empujó al Gobierno a derogar las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y a saldar cuentas con el pasado desde la justicia, el reconocimiento y el relato.

Probablemente, otra sería nuestra realidad si aquí hubiéramos podido asistir a procesos como éstos, si los testimonios, algunos para siempre, no hubieran sido silenciados e, incluso, prohibidos. Pero aún estamos a tiempo de escribir el otro relato y de poner nombre a los fusilamientos, a cárceles como la de Saturraran o la de madres lactantes en Madrid, al maltrato en las instituciones del Auxilio Social, a la muerte por desidia y hambre de niños encarcelados junto a sus madres...