La concentración de ayer en Iruñea contó con la presencia de 70 delegados y delegadas de CCOO, ELA, LAB y UGT en centros especiales de empleo, centros ocupacionales y de inserción laboral, que solicitaron al Gobierno navarro que apoye a estas empresas «que ven a día de hoy seriamente amenazada su viabilidad» a causa de la crisis económica, ya que «dependen tanto de ayudas públicas como de un mercado de productos y servicios cada vez más deteriorado y exigente».

Tras asegurar que estas empresas han sido hasta ahora «la única garantía de empleo para las personas con discapacidad o con especial dificultad de inserción en el mercado laboral», los delegados quisieron llamar la atención de la sociedad y de los gobernantes ante «las dificultades que está atravesando el empleo protegido» y que se están traduciendo en «expedientes de regulación de empleo, en la reducción de unos salarios que ya eran muy bajos y en el fracaso de la negociación colectiva».

Con el fin de «evitar la quiebra del único sistema que garantiza el empleo a las personas más desfavorecidas», los sindicatos CCOO, ELA, LAB y UGT han reclamado de forma unitaria al Gobierno navarro que adopte un «decálogo de medidas urgentes» en el que se exigen garantías para que se mantengan todos los puestos de trabajo en el sector del empleo protegido.

El decálogo propone que tanto administraciones como empresas se coordinen para que, tal y como establece la ley, aseguren a los centros de empleo protegido la subcontratación de productos y servicios. Al mismo tiempo, exige que se agilice el pago de las ayudas «y se cumplan puntualmente los plazos de abono, ya que su retraso pone en riesgo la viabilidad de las empresas».

En otro punto del decálogo se reclama «que se estabilicen las ayudas a los centros ocupacionales, transformando los actuales convenios en contratos, garantizando su actualización con el IPC y mejorando los plazos de pago de las ayudas».

Por último, los sindicatos exigen que se desbloquee la negociación colectiva y se promueva la negociación de un convenio sectorial que garantice a las personas más desfavorecidas «un empleo estable, adaptado a sus circunstancias personales, con un salario digno, con una formación efectiva, con vías para la inserción y con una retirada digna al final de la vida laboral», concluyen.