Los parlamentarios de Bildu anunciaron ayer que presentarán una enmienda a la totalidad contra la Ley de Presupuestos de UPN-PSN para 2012. Consideran que las cuentas para el año próximo convierten en «estructurales» los recortes acometidos a última hora por el Gobierno navarro y que, en su día, se vendieron como coyunturales. En Bildu, no se está de acuerdo ni con cómo se va a gestionar el gasto público ni con la fiscalidad. Además, acusan al Gobierno de mentir en los datos.

Maiorga Ramírez señaló que el recorte global del gasto para el año próximo alcanza el 8,37% y que, pese a lo que ha vendido el Gobierno, Educación y Sanidad no han sido blindadas, sino que sufrirán una merma en sus partidas superior a esa media. En concreto, los fondos para Educación caen en 68 millones de euros, lo que supone un descenso superior al 10%. En Osasunbidea el recorte es incluso mayor, ya que se gastará un 11,72% menos que este año. Pese a ello, la cuantía prevista para derivaciones a centros privados no se ve afectada de forma proporcional. Ramírez destacó que la rentabilidad de estas derivaciones no ha sido sopesada de nuevo tras el informe de la Cámara de Comptos sobre el ahorro que supone enviar pacientes a la clínica San Juan de Dios que, poco más o menos, dice que no se ahorra nada o, incluso, puede resultar hasta más caro que atenderlos dentro de la red sanitaria pública.

El portavoz de Bildu aseguró que «otro modelo de gestión del gasto público es posible, además de necesario», por lo que anunció la enmienda a la totalidad, porque va en contra de lo que desea la mayoría social de este herrialde.

Por otro lado, la parlamentaria Aitziber Sarasola subrayó la necesidad de revisar el sistema fiscal de Nafarroa. Según su interpretación, las arcas públicas deben hacer un mayor acopio de fondos, dado que las necesidades sociales aumentan en crisis y, desde que comenzó el batacazo económico de 2009, la recaudación en Nafarroa ha caído en más de 500 millones de euros.

Sarasola apuesta por un sistema fiscal progresivo, donde las rentas más altas paguen más solidariamente. Y, en este sentido, animó al Gobierno a emplear el margen de maniobra que posee como ente recaudador para encauzar la fiscalidad hacia una mejora de la justicia social.