El debate entre los dos candidatos, dos ex ministros del Interior, a la presidencia de España, Rajoy y Rubalcaba, no ha tocado los dos temas centrales de estas elecciones: la sumisión total a los mercados financieros y la cuestión vasca, o sea, la muestra de la «España invertebrada». Hay que admitir que el problema de la subsidiaridad de la política a los mercados financieros, la enfermedad genética del capitalismo, no es un problema español. Más bien, es de toda la clase dirigente europea, que en estas últimas décadas, lo ha favorecido, alimentado y obedecido como hace el esclavo con el dueño (sólo que en este último caso la obediencia era debida y en el otro anhelada).

Lo del silencio sobre la cuestión vasca estaba quizás escrito en el guión. En una pantomima de la dialéctica democrática, como todos los debates electorales entre los líderes en campana electoral, desde New York hasta Roma pasando por Berlín, se anunciaba que el tema fuerte pasaba de largo. Es una cuestión de Estado. El «consenso transversal» que ha llevado a encontronazos dialécticos pero a prácticas consensuadas desde los gobiernos autónomos de «salvación nacional» hasta plantear listas comunes en elecciones como en 2003, por no hablar de leyes de partidos «contaminados», no permite que en la época de la imagen, la dialéctica política española se rompa sobre quienes, en el año 2011, plantean ruptura aunque sea a través de los puentes. A pesar de que ETA y el País vasco hayan sido el tema central del debate político en estas últimas semanas.

El enredo es tal que si uno se acercara a la cuestión, aun no teniendo ni «puñetera idea» de cómo va el asunto, se encontraría un poco despistado. Sobre un aspecto en particular: Lo del derecho a decidir que muchos vascos y vascas exigen. «Trasnochado», «arcaico», «lejos de la realidad», hasta «criminal y terrorista», por lo de la ley del Rey Midas, son algunas de las constructivas definiciones que los cuarteles generales de los partidos españoles lanzan hacia el tema de la alteridad entre la idea de España y de Euskal Herria.

Se ha repetido hasta la saciedad que no hay conflicto político si no una mera cuestión de terrorismo. Así que con ETA que ha depuesto las armas todo arreglado. Porque además el sujeto de decisión que quiere decidir, para España no existe. O sea, que no hay conflicto entre dos ideas porque hay solo una, la española. Es verdad que se ha dicho, también repetido a la saciedad, que sin violencia se puede hablar de todo. Pero eso es, hablar por hablar, que es el paradigma de la democracia de nuestros tiempos, porque todo está indisolublemente ya escrito. Por los mercados y la Constitución.

Han explicado los constitucionalistas que el Pueblo Vasco no existe, pero vete a saber qué reserva el futuro. Porque hay un «pueblo español (art. 1.2 CE), al que, en estrictos términos jurídicos, no puede contraponerse ningún otro pueblo como sujeto unitario titular de derechos de significación fundamentadora de un autogobierno», es decir, un pueblo titular también de «ese Pueblo Vasco» que no existe porque «la identificación de un sujeto institucional dotado de tales cualidades y competencias resulta imposible sin una reforma previa de la Constitución vigente». Por tanto, si se cambia la Constitución podría nacer y crearse, en la óptica española, el Pueblo Vasco.

Si ese ambicioso papel taumatúrgico del libro de las leyes español, también un poco egocéntrico, marca la línea de demarcación entre lo posible y lo imposible, la realidad sugiere que las cosas, en realidad, existen aunque se diga que no. Zapatero dijo que han sido los vascos los que han derrotado ETA y también Rubalcaba ha agradecido al Pueblo vasco «el gran actor de la victoria sobre ETA». Es decir, el pueblo vasco no existe como tal pero tiene la fuerza de derrotar ETA, que en palabras del popular Basagoiti en 1998 «estaba a punto de empatar con el estado». Así que, como dijo su compañero de partido Santiago Abascal, «el pueblo vasco tiene derecho a la autodeterminación en un sentido democrático, y lo ejerce cada vez que tiene lugar una convocatoria electoral». Ese Pueblo Vasco aparece solo cuando se interpreta que sea funcional a «la voluntad del Pueblo español, titular exclusivo de la soberanía nacional, fundamento de la Constitución y origen de cualquier poder político».

A esta alturas uno se pregunta si la reivindicación de los soberanistas vascos no es un planteamiento de regeneración democrática no solo para Euskal Herria sino también para el Estado español. Si esa reivindicación refrendada por centenares de miles de votantes no signifique sentar las bases para una dialéctica realmente democrática entre iguales en la Península ibérica. Que a la postre significaría también un reto de cultura soberanista plural y social para esa Europa anclada en una defensa de una soberanía estatal y comunitaria ficticia y funcional a los antidemocráticos mercados financieros.