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El Juzgado desestima los recursos y acuerda mantener el cierre definitivo de Esmaltaciones San Ignacio

GARA | GASTEIZ

El Juzgado de lo Mercantil de Gasteiz ha decidido mantener el cierre definitivo de negocio planteado por la dirección de Esmaltaciones San Ignacio, lo que supondrá la pérdida de los 89 puestos de trabajo.

El auto judicial desestima los recursos presentados por los sindicatos UGT, USO, CCOO, ELA y LAB, por un lado, y por el Ayuntamiento de Gasteiz, por otro, por lo que se mantiene la liquidación de la sociedad.

La titular del Juzgado, María José Villalain, firmó el 7 de setiembre pasado un auto en el que ya aceptaba esta solicitud de cierre, pero fue recurrido por el Ayuntamiento de la capital alavesa y los sindicatos de la planta.

Ese auto otorgaba el control de la empresa a un administrador concursal para que dirigiera el desmantelamiento de la actividad y el proceso de liquidación de la sociedad.

Los cinco sindicatos basaron su recurso contra dicho auto en que los administradores concursales no detallaron la situación económica del resto de las empresas del grupo al que pertenece Esmaltaciones San Ignacio, lo que supone, a su juicio, una «irregularidad relevante» para comprender cuál es realmente su situación patrimonial.

Sin embargo, la jueza rechaza este argumento al entender que no tiene «ninguna relación» con el auto recurrido, ya que la ley concursal establece que los deudores deben pedir la liquidación de la empresa simplemente cuando no puedan cumplir con los pagos y obligaciones contraídas.

También desestima la petición subsidiaria de los sindicatos de que el cierre se extienda a todas las empresas del grupo, algo que, según dice, habrá que estudiar en todo caso una vez que se decida o no la liquidación de la firma alavesa.

El auto rechaza asimismo el recurso del Ayuntamiento, que alegó «falta de motivación» en las explicaciones dadas sobre la necesidad de cerrar esta firma.

Desde que comenzó este conflicto laboral, los trabajadores de Esmaltaciones San Ignacio han protagonizado numerosas movilizaciones para defender sus puestos y reclamar que se investigue el uso que dio la empresa a los 26 millones de euros de plusvalía que obtuvo del convenio urbanístico firmado en 2004 con el Ayuntamiento de Gasteiz.

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