La consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Gasteiz, Gemma Zabaleta, justificó ayer en el «Fórum Europa- Tribuna Euskadi» el «ajuste presupuestario» del 7% para las ayudas sociales de 2012 y el endurecimiento de la legislación de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Dijo que esa reducción presupuestaria «supondrá descontar 40 euros» en la nómina que perciben las personas que se encuentran dentro de la pobreza y la exclusión. Zabaleta se mostró contradictoria dado que advirtió que «cuando se destruye empleo no se pueden hacer reformas de la protección social a la baja». Justo, precisamente, lo que el Gobierno de Patxi López ha realizado con el apoyo directo del PP y la abstención del PNV en la modificación de la ley de la Renta de Garantía de Ingresos. Zabaleta justificó ambas medidas de recorte, porque el gasto en protección social hacia los desfavorecidos en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa «es el más alto del Estado español» y «equiparable a algunos países europeos», dijo. Recordó que en 1993, con una tasa de paro del 25%, el Gobierno de Gasteiz destinaba 62 millones a esta partida, mientras que en la actualidad «con un paro del 11% serán 400 millones». Sin embargo, los indicadores de Eurostat sobre el gasto social en relación al PIB sitúan a la CAV a más de siete puntos de diferencia con el gasto medio europeo.

La consejera Zabaleta fue un poco más lejos al indicar en el turno de preguntas que «en un contexto en el que todas las familias vascas se aprietan el cinturón, en el que todas las empresas vascas prácticamente se aprietan el cinturón, mi pregunta es si es razonable o no, en tanto en cuanto no tenemos ingresos, de manera puntual y coyuntural anual, que abordemos una decisión económica para poder pagar el sistema», y justificó la medida para evitar que «el sistema quiebre».

Una situación que casi es imposible porque el presupuesto de protección social apenas representa el 3,5% del conjunto del presupuesto del Gobierno de Gasteiz. De hecho, mientras se recorta el 7% a las ayudas sociales, a los empresarios se les condonará el pago de 434,8 millones en 2012, por no crear empleo como se está viendo en las estadísticas.

La consejera Zabaleta comparó la actuación de su departamento con la decisión de Catalunya. «Con 6 millones de habitantes destina 130 millones a la RGI para 30.000 perceptores. Han tomado la decisión para 2012 de recortar la cuantía y el período de cobro no superará los cinco años». En la CAV, «somos 2 millones de personas, destinamos 400 millones a la protección social y tenemos 56.000 perceptores en la última nómina». Por lo que justificó que «bajar un 7% el gasto en 2012, al que más le puede afectar es del orden de 40 euros. No tocamos ni el porcentaje ni la ley en ese aspecto, decir que es el mayor recorte de la historia está injustificado», precisó.